Jueves. 29.06.2017 |

Moción conjunta de Izquierda Unida y PSOE en pos de la laicidad institucional

Moción conjunta de Izquierda Unida y PSOE en pos de la laicidad institucional

Los portavoces municipales de Izquierda Unida y PSOE en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito y Carlos Fernández Chanca, llevarán al Pleno una moción para instar al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno de España a impulsar una nueva Ley de Libertad de Conciencia y Religiosa que garantice a todas las personas el derecho a la libertad de conciencia, a la libertad religiosa y a la libertad de culto, regulando las relaciones con las diferentes confesiones “con el fin estricto de respetar y proteger el derecho individual a la libertad religiosa en pleno cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, pluralismo y no confesionalidad”.

De igual modo, reclaman la aprobación de una Ley que establezca criterios de actuación para las autoridades públicas en actos religiosos, también en el ámbito autonómico y local, “para evitar la confusión o la alianza entre la función pública y la religiosa, la confesionalidad y la discriminación respecto de otras confesiones o grupos agnósticos o ateos”.

En esa línea, esperan que el Pleno inste al Congreso de los Diputados y al próximo Gobierno a elaborar un protocolo para la organización de actos ‘in memoriam’ de carácter civil promovidos por la autoridades públicas con ocasión de catástrofes, homenajes, fallecimiento de personalidades, atentados, etc. 

Asimismo proponen defender una escuela pública laica “como garantía de los valores públicos y de respeto de las creencias privadas”. La escuela, apuntan, debe integrar en su currículo la enseñanza de los valores públicos que consideramos la base de nuestra ciudadanía y que, por ello, han de ser cursados por todo el alumnado. De ahí, remarcan, “que en el modelo de escuela pública no quepa la integración, ni en el currículum ni en el horario escolar, de enseñanzas confesionales”. 

La moción plantea también suprimir de los artículos 2 y 206 de la Ley Hipotecaria el privilegio de la inmatriculación de bienes por la Iglesia católica cuando carezca de título escrito de dominio y modificar el artículo 62 del Decreto Legislativo para suprimir la exención del IBI en los bienes inmuebles propiedad de la iglesia católica.

En el ámbito municipal, PSOE e IU proponen incorporar, en la medida de lo posible y escalonadamente, “referencias, actos y conmemoraciones de carácter civil al calendario oficial del municipio y a determinadas festividades locales” y comprometerse a que los miembros de la Corporación no asistan con la medalla corporativa o el bastón de mando “a aquellos actos a los que no acuda oficialmente el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo”.

La laicidad, explican ambos portavoces en la moción, es una seña de identidad “consustancial a la soberanía del poder civil, la libertad individual y la democracia”. 

Contra los derechos del cargo público

A este respecto, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha consultado a profesores de Derecho Eclesiástico del Estado, que afirman que cualquier normativa que restrinja la asistencia como concejales a un acto, sea o no religioso, “puede violar los derechos intrínsecos que el cargo público tiene para sí, al ser elegido por los ciudadanos y ostentar un mandato de representación de sí mismos y de sus votantes, distinto del de la Corporación, que indubitadamente corresponde al alcalde”. 

Tal es así, que la medalla no representa a la Corporación municipal sino que es signo identificativo de la condición de concejal. De ahí que el alcalde tenga medalla y bastón, lo primero como concejal, lo segundo como alcalde y ostentador de la representación de la Corporación. Si la medalla representara a la Corporación, sólo el Alcalde debería tenerla, y no es el caso. 

Aclara el PP que entra dentro de los cometidos del cargo público asistir a una infinidad de eventos, organizados por particulares, asociaciones, entidades religiosas, “sin que nuestro sistema constitucional impida la asistencia a unos u otros”. Es más, puntualiza, “la asistencia a estos últimos, que en ningún caso puede imponerse a cargos públicos y funcionarios, según jurisprudencia asentada, sensu contrario, tampoco puede restringirse como premisa de un Estado aconfesional, como lo es el Español, que difiere conceptualmente de un Estado laico o laicista”.

Por todo ello, el PP ha pedido un informe que se pronuncie sobre la vinculatoriedad jurídica de la moción, en caso de salir adelante. Además, deberá determinar si tiene algún efecto jurídico “y no sólo político”, o agrede los derechos fundamentales de los concejales “en particular, a su libertad y su mandato de representación de sus votantes, que son los que le otorgaron tal condición”.

 

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