Sábado. 19.08.2017 |

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Placas solares fotovoltaicas, la 'burbuja' energética

Placas solares fotovoltaicas, la 'burbuja' energética
Salamanca 24horas

Después de incentivar la implantación de placas solares para cumplir con los mínimos requeridos en la legislación europea, el Gobierno cambió los términos de los acuerdos con los inversores y provocó que algunos de ellos tuvieran que entregar sus instalaciones a las entidades financieras, al no poder hacerse cargo de los créditos
 

Las energías renovables se empezaron a implantar en España a principios de este siglo. Los distintos gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea debían hacerlo para cumplir con las directivas comunitarias que buscaban restringir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Es decir, marcaban un tanto por ciento mínimo de energía que tenía que proceder de renovables en el consumo global de cada país.

Existen diferentes tipos de energías renovables, tales como la eólica, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa y los biocarburantes. Cada uno de ellos debe cubrir un porcentaje en el 'mix' energético del país. En lo que se refiere a fotovoltaica en España, comenzaron a instalarse placas solares de forma más habitual en torno al año 2004. Durante los dos primeros años, el Estado intentó incentivar la producción para cubrir el cupo mediante subvenciones. Luego, fijó un precio de venta para los siguientes 25 años, que es la duración en el tiempo para los proyectos que conciernen al sector energético. Invirtieron particulares, pequeñas empresas e incluso organismos públicos.

En el año 2012 se estableció una moratoria para que no se instalara más tecnología renovable en el país. Hasta entonces, se habían implantado en España entre 3.500 y 4.000 megavatios de energía fotovoltaica, que suponen en torno a un 3% de la producción energética del total del país. “El momento en el que cambia la legislación fue muy duro para muchos inversores. El Estado a través de unas normas claras, que habían sido publicadas en el BOE, indicó una cantidad que pagaría a cada inversor por cada kilovatio/hora, en función de cuándo habían puesto su instalación y su coste, durante los siguientes 25 años. Si embargo, en un momento dado, cambiaron las reglas con carácter retroactivo y se produjo una reducción, como mínimo, del 20% respecto a lo que se había firmado inicialmente”.

Son palabras de Carlos Pérez Guerra, responsable de proyectos de Local y Sostenible SL, empresa encargada de gestionar, entre otras, una instalación solar fotovoltaica en la localidad salmantina de Villaseco de los Gamitos. Fue construida entre 2006 y 2008 y cuenta con una potencia de 350 kilovatios que pertenecen a más de 40 propietarios distintos. “Aquí se generan al año en torno a 550.000 kilovatios/hora. Si tenemos en cuenta que una familia de cuatro personas consume de media unos 3.000 kilovatios de media al año, estamos hablando de unas 180 familias. Sería energía suficiente para suministrar a tres o cuatro pueblos como Villaseco de los Gamitos”, advierte.

La nueva situación provocó que hubiera que rehacer todos los planes de rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas. Hubo algunos titulares de las mismas, ya fueran particulares como personas físicas o jurídicas y organismos públicos, que simplemente refinanciaron su instalación y pudieron, de esta manera, aceptar las nuevas condiciones económicas. Sin embargo, hubo otros que no pudieron hacerlo por sus niveles de endeudamiento tuvieron que malvender sus instalaciones. “Se produjo algo similar a lo que pasó con la burbuja inmobiliaria”, ejemplifica Carlos Pérez Guerra.

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En España, el modo de invertir en energías renovables fue mediante instalaciones ubicadas en un determinado lugar y con un régimen de multipropiedad. ”Como si fuera una comunidad de vecinos. Aquí, en Villaseco de los Gamitos, hay cuarenta propietarios distintos que se reparten una serie de gastos comunes, pero cada uno tiene su pequeña instalación”.

Mucha gente dio el paso porque en su momento se vendió como un pequeño plan de pensiones. “Hubo inversiones de en torno a 30.000 euros con las que se podía obtener una rentabilidad del 6-8% en 30 años. No era una inversión con la que te fueras a hacer rico. Se trataba de estar amortizando con el banco la inversión inicial durante 8-10 años, o hasta 14 si has tenido que refinanciar, y luego tenías ahí un pequeño rédito durante la vida útil de la instalación que no iba a ser nunca superior al 8%”, relata el director de proyectos de Local Sostenible SL.

Hasta el año 2012 se instalaron en España en torno a 3.500 megavatios de instalaciones fotovoltaicas. Castilla y León, junto Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura fueron comunidades autónomas donde más más instalaciones fotovoltaicas se implantaron. De hecho, en Castilla y León ha en torno a un 20% de las que existen en toda España. Y Salamanca es una provincia con cierta proliferación de ellas, tanto en huertos de plazas solares en multipropiedad como el de Villaseco de los Gamitos, como en empresas y fábricas o domicilios particulares.

La inversión en energías renovables hasta el 2012 tenía como objetivo que el país pudiera cumplir con el Protocolo de Kyoto y las directivas europeas relativas al sector energético. Toda esa inversión se hizo desde el punto de vista privado, aunque también hubo pequeños ayuntamientos que dedicaban a esto pequeñas partidas presupuestarias con el objetivo de obtener ciertos ingresos constantes durante los siguientes 30 años. De esta manera, podían autofinanciarse y ser menos dependientes de otros organismos públicos, como la Diputación Provincial de Salamanca o la Junta de Castilla y León. “Hubo algunos ayuntamientos que utilizaron fondos del Plan E para implatar energía solar fotovoltaica, en lugar de dedicarlo a construir aceras o fuentes”, apunta Carlos Pérez Guerra.

El Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero fue el primer impulsor del sector de las energías renovables a través de numerosas subvenciones. Sin embargo, también fue quien promovió el cambio de legislación. En un primer momento, con carácter provisional, aunque se tornó permanente con la llegada a la Moncloa del popular Mariano Rajoy. Entonces, hubo algunos propietarios que no pudieron afrontar los pagos a los bancos para amortizar los créditos y sus instalaciones fotovoltaicas pasaron a la propiedad de las entidades financieras que las revendieron a otros particulares, e incluso a otros fondos de inversión. Este sistema es muy similar al que se dio en la burbuja inmobiliaria con los llamados 'fondos buitre'.

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