El proceso de fusión entre Caja Duero, Caja España y Caja Burgos entra en su recta final antes de que concluya el plazo dado por el Banco de España para que adopten una decisión definitiva sobre seguir o no hacia delante. Las entidades financieras pretenden llevar el asunto a sus consejos de administración el 9 de noviembre, de ahí que las reuniones se hayan intensificado durante las últimas semanas, aunque el inicio del proceso será sin pacto laboral.

Precisamente este asunto ha sido abordado con los sindicatos. El informe de la consultora aboga por una reducción de la plantilla que desde algunas fuentes se cifra en torno a un 25 por ciento debido a la duplicidad de oficinas en muchas localidades. Desde las Cajas de Ahorro se apuesta por prejubilaciones, descartando los despidos y los expedientes de regulación de empleo. Todo ello aprovechando que la fusión recibiría 800 millones de euros del Gobierno procedentes del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), que, aunque no podrían ser empleados para esas prejubilaciones, pues deberían formar parte del capital, sí encajarían en las cuentas y números que se manejan estos días.

Los responsables de las secciones sindicales de Caja España, Caja Duero y Caja de Burgos no avalan el cierre oficinas y la eliminación empleos, como quedó demostrado durante una reunión hace unos días en Madrid. De esta forma, los consejos de administración se limitarán a aprobar un acuerdo inicial para abordar la fusión de las entidades. Será después cuando comience la verdadera negociación y está previsto que en febrero los consejos de administración de las tres cajas vuelvan a reunirse para, entonces ya de forma definitiva, votar el acuerdo de fusión y llevarlo a las asambleas en marzo.

Además, todavía hay algunas diferencias entre las entidades financieras. Caja Burgos se mantiene firme en su decisión de que el acuerdo que se lleve al consejo de administración debe ser cerrado e incluir las futuras sedes de la caja fusionada y la estructura y organigrama de los órganos de gobierno. Pero Caja Duero y Caja España mantienen una postura flexible sobre la propuesta que deberán votar los consejeros y, aunque admiten que cuanto más cerradas estén las diferentes materias será mejor, en aras a evitar nuevos retrasos en el proceso.

Además, sigue en el aire una de las principales cuestiones, la sede central, en el caso de que sólo hubiera una, o las sedes, en caso de que se repartan el centro neurálgico de la nueva Caja de Ahorro, la sección de recursos humanos y la obra social. Una decisión donde también entra la reacción de la sociedad, pues los habitantes de cada ciudad no quieren perder su entidad.