El pleno celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a tratar la petición del Grupo Socialista para la anulación de los acuerdos municipales relativos a la concesión de honores y distinciones al dictador Franco, como la medalla de la ciudad y el distintivo de alcalde perpetuo. Pero la moción ha vuelto a ser rechazada por el Grupo Popular y ni siquiera ha podido ser debatida.

Desde el equipo de Gobierno se viene insistiendo en plenos anteriores que estas distinciones fueron anuladas al concedérselas al Rey, pero el PSOE asegura que la primera Medalla de Oro de la ciudad se concedió con carácter excepcional, sin instruirse expediente alguno, "en el marco de la dictadura militar que asoló España a partir del 1 de abril de 1939 y con el único objetivo de rendir pleitesía al dictador por parte de una Corporación Municipal no elegida por los ciudadanos, sino designada directamente por las autoridades de la época entre personas que manifestaron su adhesión a la dictadura".

Y recuerdan los socialistas que, "a pesar de ello, el dictador Franco, en una clara falta de respeto a la ciudad de Salamanca, tardó más de seis años en acudir a recoger la medalla de oro, que se le entregó en un acto celebrado el día 8 de mayo de 1954 en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Salamanca".

Añaden además que dado el carácter de perpetuidad del nombramiento del dictador como Alcalde de Honor de Salamanca, sigue en vigor ya que no ha sido revocado con posterioridad. Y van más allá al solicitar que se inicien los trámites ante la Comisión Territorial de Patrimonio para proceder al traslado del medallón de Franco en la Plaza Mayor al Museo de Historia de la Ciudad.

El portavoz socialista, Fernando Pablos, también argumentó su solicitud en que, por un lado, "se debe cumplir la ley, guste o no", y por el otro, "Salamanca no puede ser una excepción a este tema, pues dentro de poco seremos la única capital de provincia con honores a Franco, para sonrojo de miles de ciudadanos". Recordó además que mociones similares han sido aprobadas en otras provincias de España, en ayuntamientos y diputaciones gobernadas por el PP, bien con su voto a favor, como Cádiz y Madrid, o su abstención, como en Málaga.