La Ley de Vías Pecuarias de Castilla y León prevé la creación de un fondo económico para la protección y conservación de las mismas que procederá de todas las cantidades percibidas en concepto de otorgamiento de aprovechamientos, sanciones, indemnizaciones, enajenaciones, permutas, modificaciones de trazado y cualquier otra similar, en virtud de las previsiones de esta norma, según se establece en el anteproyecto que la Consejería de Medio Ambiente sacó a información pública la semana pasada, por segunda vez en medio año.

En su conjunto, la esencia de la norma pretende regular un legado histórico de interés capital y un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental, algo que se evidencia en que la red de vías pecuarias de Castilla y León es una de las más amplias del territorio español, con una longitud aproximada de 35.000 kilómetros, lo que supone unas 100.000 hectáreas del territorio regional.

En cuanto a los usos prioritarios, el anteproyecto califica el tránsito ganadero como “característico y prioritario a cualquier otro”. El fin que pretende la Consejería es gestionar las vías pecuarias de forma que se fomente la biodiversidad, el intercambio genético de la flora y fauna de la Comunidad y la movilidad territorial de los animales salvajes, así como contribuir a la preservación de razas autóctonas y al aprovechamiento de los recursos pastables.

El anteproyecto da la posibilidad de declarar Vías Pecuarias de Interés Natural aquellas que atraviesen o colinden con montes de demaniales (dominio público), espacios naturales protegidos o áreas singulares. Aunque también las que resulten de especial valor en orden a la conservación de la naturaleza y, en particular, las que puedan servir para conectar entre sí los espacios naturales protegidos y las que sean o puedan funcionar como zonas de contraste y ‘ecotono’.

Recuperación de oficio

Con esta nueva regulación, la Consejería de Medio Ambiente podrá requerir a los usurpadores o perturbadores de los tramos de vías pecuarias que cesen en su actuación, sin perjuicio de la reposición, restauración o indemnización a que hubiera dado lugar por parte de los infractores. Así, se pretende recuperar la posesión “indebidamente perdida de las vías pecuarias” mediante el correspondiente procedimiento que se desarrollará reglamentariamente.

Una vez que la Junta administre estos tramos deberá señalizarlos, en especial, según la norma, en las intersecciones de las vías con cualquier tipo de viario, en aquellos casos que se considere conveniente, mediante la colocación de señales indicadoras. También velará por el restablecimiento de las pecuarias intrusadas por obras públicas o construcciones e instalaciones privadas, es decir, su vuelta al estado previo a su intrusión, siempre teniendo en cuenta que las cañadas son aquellas cuya anchura no excede de 75 metros, los cordeles no más de 37,5, y la vereda, con menos de 20 metros.

Asimismo, el anteproyecto de ley prevé que la Administración pueda “desafectar” del dominio público los terrenos pertenecientes a las vías pecuarias que no sean necesarios para el tránsito del ganado, ni sean susceptibles de los usos compatibles. Como consecuencia, podrá ceder los terrenos para actividades de interés público, cultural, ecológico y social “cuando redunden en la mejora de la calidad de vida y desarrollo socio-económico del medio rural, la conservación y defensa del medio natural”. También se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria por razones de interés público siempre que se garantice el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél.