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Una estudiante de Derecho leonesa se defiende a sí misma y gana un juicio por despido improcedente

Una estudiante de Derecho leonesa se defiende a sí misma y gana un juicio por despido improcedente

Elisa Castiello, de 22 años y estudiante de la Universidad de León hasta septiembre, consigue una sentencia "parcialmente" a su favor contra el Ayuntamiento de Crémenes ejerciendo ella misma como su propia abogada

Prácticas tan reales como la vida misma, o una historia de las que motiva a los estudiantes a seguir formándose, que convence de que tantas horas de Universidad tienen un sentido. Eso sí, tanto en la parte del denunciante como en la del denunciado en la mayoría de las ocasiones.

Elisa Castiello, leonesa de 22 años y estudiante de la Universidad de León hasta el pasado septiembre, acaba de ganar su primer juicio como representada y representante al mismo tiempo. Aunque el fallo de la sentencia resuelve que "se estima parcialmente la demanda interpuesta por Elisa", la joven se siente satisfecha de que el juez le haya dado la razón de su despido improcedente, al haber denunciado al Ayuntamiento de Crémenes "tras sufrir una baja por un accidente in itinere, y haber sido despedida de las piscinas donde trabajaba de socorrista en Crémenes", según ella ha relatado. Porque, a fin de cuentas, su victoria se limita a haber recibido la razón del juez, al haber ya cobrado la indemnización correspondiente por parte del Consistorio, tal y como resuelve la misma sentencia.

Los hechos

Elisa empezó a trabajar en las Piscinas Municipales de Crémenes como socorrista –el 4 de julio de 2017- pero un día volviendo a casa sufrió un accidente en itinere con la moto, cuando se vio atacada por unos perros que se le echaron encima. "Esto sucedió el 19 de julio, y yo me quedé de baja. Como mi parte médico especificaba que la baja se extendería un mes y 20 días, en principio se supone que hasta septiembre no volvería a mi puesto de trabajo", explica la joven que en estos momentos estudia en la Universidad de Vigo Derecho Marítimo y Aéreo.

El Ayuntamiento de la localidad leonesa contrató a otro trabajador pero, tal y como relata Elisa, "en vez de hacer un contrato de sustitución por baja a otra persona para que ocupara mi puesto, contrataron a otra persona con el mismo contrato", un hecho lícito y que no supone ninguna ilegalidad según resuelve el derecho laboral.

Cuando la socorrista acabó la baja, que finalmente se redujo a una semana, y se reincorporó a su trabajo descubrió que ya había otra chica en su puesto. "Me reincorporé el 28 de julio y el día 31, antes de ir a trabajar, me hicieron ir al Ayuntamiento donde me comunicaron el despido", declara.

Para proceder a este despido, en el finiquito de Elisa atestiguaban como motivos "Disminución continuada y voluntaria del rendimiento normal del trabajo y por haber tratado de modo incorrecto y no propio del cargo al público asistente a las piscinas".

Ante estos hechos, una vez que Elisa "se cercioró de que no existía ninguna queja contra su trabajo ni contra su comportamiento en las piscinas", a diferencia de lo que el Ayuntamiento sostiene, ya que fuentes municipales aseguran un enfrentamiento con un cliente, Elisa decidió denunciar al Consistorio de Crémenes por despido improcedente, pero ejerciendo ella misma como su propia abogada en el proceso.

"El juicio lo defendí yo, no llevé abogado de mi parte", apunta la joven estudiante que agradece al decano de la Facultad de Derecho de León, Juan José Fernández Domínguez, toda la ayuda recibida. "Me asesoró en su asignatura para que yo tuviera el conocimiento de poder llevar este caso", reconoce Elisa, satisfecha tras haber ganado el juicio con méritos propios.

Una victoria para la joven, pero con una sentencia que no altera las condiciones actuales ni de la demandante ni del demandado; es decir, el fallo del juez reconoció "parcialmente" la demanda interpuesta por Elisa en cuanto a que el despido fue improcedente. Pero la condena a la empresa dejaba elegir al demandado entre dos opciones: la primera de ellas era que readmitiera a la joven a su puesto de trabajo, cosa que no es posible ya que el contrato naturalmente ya se había extinguido (estaba estipulado para los meses de julio y agosto); y la segunda que la indemnizase con 130'8 euros, realidad ya admitida por parte del Ayuntamiento y cuya cantidad la denunciante ya había recibido en un finiquito por importe de 136'54 euros que ella misma firmó para poder cobrar.

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