Una Comisión de parlamentarios portugueses representando a todas las fuerzas de la Asamblea de la República ha visitado este lunes a la zona de Retortillo para informarse acerca de la implicación que el proyecto minero de Salamanca tiene para el país vecino. Entre ellos, Pedro Soares del Bloco de Esquerda y presidente de la Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio, Manuel Frexes del Partido Social Demócrata, María da Luz Rosinha, del Partido Socialista, así como Berta Cabral (PSD), Emilia Cerqueira (PSD), José Manuel Carpinteira (PS), Santinho Pacheco (PS), Partrícia Fonseca (Partido Popular), Paula Santos (Partido Comunista) y André Silva (Partido Pessoas, Animais, Naturaleza).
Por parte de los representantes políticos de este lado de la frontera han estado Ricardo Sixto de IU, presidente de la Comisión de Energía del Congreso de Diputados, Juantxo López de Uralde de EQUO, David Serrada, Luis Tudanca, Fernando Pablos y Juan Luis Cepa del PSOE, Carles Mulet, senador del Grupo Compromís, Isabel Muñoz, de Podemos, José Sarrión de IU-EQUO), y los diputados provinciales Carmen García del PSOE, Manuel Hernández de Cudadanos, Gabriel de la Mora de Ganemos y alcaldes y concejales de la zona.
Ante la expectación suscitada, el escenario del encuentro ha sido la Sala Multifuncional del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes, donde el alcalde, Jorge Rodríguez, ha explicado los inconvenientes de la instalación de una mina a cielo abierto en este zona de Salamanca, tan próxima a la frontera con el país vecino. De hecho, ha recitado cómo se contaminarían las aguas, las explosiones que requiere el proceso minero o los problemas que puede conllevar el transporte de las mercancías.
El principal problema, según ha relatado, es la contaminación de las aguas subterráneas y de la tierra. En este sentido, ha explicado que uno de los mayores riesgos está representado por los diques de colas, llenos de ácidos y sustancias contaminantes, que no tienen las tierras y se le aporta durante el proceso minero. Asimismo ha detallado los catorce impactos medioambientales severos que están recogidos en el Boletín Oficial de Castilla y León. “Se declaró favorable porque se podían mitigar con medidas compensatorias, aunque yo creo que no es posible”, ha declarado Rodríguez.
Tras la ponencia del alcalde de Villavieja, ha tenido lugar una comparecencia para los medios de comunicación en ella que han intervenido diferentes representantes políticos. Entre ellos, el senador Carles Mulet, de Compromís, que ha explicado que no sabe si hay una interés real de ejecutarlo o se limita a un tema de”especulación a gran escala. En la misma línea, José Sarrión, procurador de IU, ha reiterado su postura contraria a la mina. “El mayor acto de fanatismo de la Junta de Castilla y León del Partido Popular”.
Asimismo, Luis Tudanca, procurador del PSOE ha considerado que la Comunidad “está en riego por la incapacidad del Partido Popular de darle un futuro a esta comarca”. Por ahí cree Tudanca que los regidores comunitarios no han sabido crear oportunidades y están tratando de salvar la situación con este proyecto. “Nos hemos enfrentado a Garoña, al fracking y nos enfrentamos a las empresas que anteponen sus cuentas de resultados al futuro y a la sostenibilidad del territorio”, ha manifestado.
Pos su parte, Pedro Soares, el presidente de la Comisión del Medio Ambiente del Parlamento de Portugal, ha denunciado que las autoridades españolas insisten en asegurar en que este proyecto no tiene impacto para el territorio portugués, aunque la percepción en el país vecino es que esto no es así. “Queremos que haya una evaluación de impacto ambiental transfronteriza. Las autoridades portuguesas están muy preocupadas por la implantación de esta mina de uranio y creemos que las españolas deben adoptar una actitud de transparencia y compartir información con Portugal”, ha requerido.
Además, el presidente de la Comisión de Energía del Congreso, Ricardo Sixto, diputado por Izquierda Unida, ha asegurado que trasladará al Gobierno de España el rechazo que han palpado en la zona y tratarán de que la información que llegue al Gobierno portugués sea más fluida. “Siempre hemos defendido la buena relación entre los dos gobiernos y queremos que se informe adecuadamente sobre este proyecto que puede tener impacto transfronterizo”.
Finalmente, el alcalde Villavieja de Yeltes ha reiterado su firme oposición al proyecto y asegura que llevarán la lucha hasta donde sea necesario. “Somos conscientes de que habría un incremento de los puestos de trabajo, de baja calidad, aunque se han equivocado de lugar porque estamos suficientemente informados”. El teniente de alcalde de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito, ha recordado que el Pleno ha aprobado la exigencia de mayor información a la ciudadanía especialmente en lo que se refiere a la salud. Igualmente, el alcalde de Boata, Matías Garzón, ha asegurado que está convencido de que el proyecto es “nefasto” para la agricultura y la ganadería de la zona.
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