El sindicato CSIF denuncia que hasta un colectivo de 150 trabajadores laborales indefinidos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se encuentra en riesgo de despido ante la reestructuración que pretende llevar a cabo la Junta de Castilla y León.
Por ello, solicitan al Gobierno regional que se abra un proceso negociador en el cual se reconozca "nuestra condición de personal laboral indefinido, pues no somos trabajadores temporales”, y convoque una oferta pública de empleo “adecuada y razonable, que suponga una ampliacion real de sus plantillas que permita el acceso a nuevos trabajadores, pero que respete nuestra circunstancia laboral”.
Este problema, dicen, afecta a ingenieros de montes y forestales, geógrafos, biólogos, químicos o licenciados en ciencias ambientales, entre otros profesionales técnicos, que tienen una media de edad de más de 47 años y una antigüedad media superior a los quince años (alguno llega a los 30).
Explican que han tenido conocimiento, a través de los responsables de personal de la Junta de Castilla y León, que la administración autonómica está llevando a cabo una reestructuración administrativa encaminada, teóricamente, a reducir la temporalidad en las administraciones públicas, “pero que tal y como se ha diseñado, en realidad, conducirá a nuestro despido”.
Afirman que esta reestructuración “que se quiere vender” como una mejora de la oferta de empleo publico, en la práctica “no supone un incremento de puestos de trabajo en la administración regional, pues se basa en despedir a trabajadores indefinidos con gran experiencia en el desempeño de sus funciones, y sustituirles por otras personas.
Los jueces, “a la vista del trabajo que realizábamos, tareas propias de la administración que en muchos casos no se correspondían con la obra objeto del contrato, han resuelto que nuestros contratos suponían fraude de ley y que, por lo tanto, nuestra relación laboral con la Junta de Castilla y León es de carácter indefinido”, indica el colectivo afectado.
“Ha sido, por tanto, la Junta de Castilla y León la responsable de crear esta situación laboral, y no los ahora afectados que entramos a trabajar en la Consejería a través de los diferentes sistemas, que la propia Junta estableció en cada momento conforme a sus intereses, como pruebas de selección o bolsas de empleo derivadas de dichas pruebas”.
Es decir, las sentencias del personal afectado únicamente reconocen el fraude de Ley en el que estaban sus contratos por obra o servicio, y por tanto, “con el reconocimiento del contrato por tiempo indefinido se daría cumplimiento a las sentencias, resolviendo el problema”, aseguran.
En Salamanca se verían afectados hasta quince personas, que entienden que "nuestro despido no solo nos afectaría a nosotros, sino también a la sociedad a la que llevamos tantos años sirviendo desde la administración, perjudicando a la calidad y funcionamiento de la misma, además del considerable gasto público que supondrá el abono de aproximadamente un millón de euros en indemnizaciones".
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