Asturias asiste atónita desde hace meses a la popularmente conocida como ‘Operación Hulla’, la presunta trama de corrupción que podría haberse dado al desviar fondos del Montepío de la Minería al bolsillo de varios dirigentes mineros con quien durante 34 años fuera líder sindical, José Ángel Fernández Villa, al frente.
Al que fuera emblema de la lucha por los derechos de los trabajadores de la mina, que afronta el proceso con un evidente deterioro de su salud, se le acumulan los problemas pues prácticamente cada semana se van conociendo nuevos detalles de una gestión en entredicho. El último afecta directamente a Salamanca puesto que el Montepío de la Minería -que hace tan solo unos días decidía personarse en el proceso como parte interesada, como perjudicada y como acusación penal- ha detectado desvíos de fondos en las obras llevadas a cabo en el balneario de Ledesma.
Lo publica este viernes el diario El Comercio, que especifica que se trata de los trabajos realizados en las instalaciones de descanso entre los años 2012 y 2013. Según el rotativo gijonés, el Montepío ha solicitado una auditoría técnica en relación a las obras adjudicadas en diciembre de 2011 a la empresa Alcedo de los Caballeros para acometer mejoras en el citado balneario proyectadas por el arquitecto Manuel Sastre, también implicado en la misma operación.
A la espera de conocer las conclusiones de esta auditoría, prosigue El Comercio, el Montepío habla ya de «una desviación entre los importes aprobados por la Comisión Regional y los contratos firmados y abonados, por importes muy significativos» que, según fuentes cercanas al caso, ascenderían a un millón de euros.
Uno de los argumentos esgrimidos por la actual dirección del Montepío para abrir el expediente sancionador contra quien fuera número uno de la mutua, José Antonio Postigo -y mano derecha de José Ángel Fernández Villa- fue el hecho de que «por su cuenta y riesgo» encargase a la empresa Alcedo de los Caballeros obras en el balneario de Ledesma «que no resultaban imprescindibles, que no habían sido autorizadas y que supusieron un incremento sustancial en el coste».
La Comisión Regional del Montepío autorizó un gasto para esta obra de 2,9 millones de euros más IVA (3,5 millones en total) y finalmente se pagaron 3,9 millones (4,5 millones, IVA incluido) sin contar con el órgano competente.
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