Tras recordar las múltiples ocasiones en las que desde la Junta de Castilla y León se ha recorrido el territorio para dar participación a todos aquellos implicados en el proyecto, así como los acuerdos a los que se ha llegado con el principal partido de la oposición en la definición del modelo, el vicepresidente De Santiago-Juárez ha insistido en la voluntad de diálogo con todos los grupos parlamentarios y en el interés de culminar el modelo para posibilitar que los habitantes del medio rural tengan las mismas oportunidades que los del medio urbano, quienes, actualmente, ya pueden constituir mancomunidades de interés general urbanas.
El vicepresidente y consejero de la Presidencia ha informado a los delegados territoriales de las previsiones de contenido económico que contemplan los Presupuestos para 2018 que tienen como finalidad impulsar el desarrollo de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, a lo que se destinará un total de 102,9 millones de euros.
Por una parte, de los fondos que recoge la Ley de Medidas Tributarias y de Financiación de las Entidades Locales vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de 2014, el vicepresidente y consejero de la Presidencia ha informado de que, en 2018, el fondo de participación en los tributos propios está dotado con 13,3 millones de euros, mientras que el de cooperación económica local general vinculado a los tributos cedidos por el Estado cuenta con 51,4 millones de euros.
En cumplimiento del artículo 4 de esta Ley, en el que además de los municipios y provincias se incluyen las mancomunidades de interés general como beneficiarias de esta financiación, De Santiago-Juárez ha comunicado a los presentes que, a partir de 2018, se dedicará una parte de estos fondos a impulsar las mancomunidades de interés general mediante su financiación, recordando que, en el punto en el que se encuentra la mencionada Ley, solo se pueden constituir las de carácter urbano.
También ha anunciado que, para facilitar este trámite, se está estudiando la posibilidad de que las mancomunidades de interés general puedan recibir estos fondos simplemente con una declaración del municipio de mayor población y, al menos, de un tercio de los municipios del área funcional estable, en la que figure el compromiso de poner en marcha este tipo de mancomunidad.
En esta misma línea, en 2018, la participación de los municipios y de las provincias, tanto en el fondo de participación en los impuestos propios como en el de los cedidos, cumpliendo los artículos 7 y 10, respectivamente, de este mismo texto legal, se instrumentalizará a través de convenios con la Consejería de la Presidencia. Asimismo, en el caso de las diputaciones provinciales, entre los criterios de distribución de estos, el vicepresidente ha indicado que se tendrá en cuenta la manifestación de voluntad favorable de la provincia a conformar los instrumentos de cooperación sobre ordenación del territorio previstos en la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León.
En segundo lugar, el vicepresidente y consejero de la Presidencia ha señalado que, además de estos 65 millones de euros de ambos fondos, el proyecto de Presupuestos para 2018 contempla una dotación de 25 millones de euros al Fondo Autonómico de Compensación Territorial para financiar la primera anualidad del Plan Plurianual de Convergencia Interior. Esta dotación solo podrá hacerse efectiva cuando se apruebe el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio, al ser este un requisito indispensable para poder definir las Áreas Estratégicas previstas en el modelo de ordenación y sobre las que, necesariamente, se tiene que estructurar el Plan.
Al impulso de las mancomunidades de interés general también se destinará la partida de ‘Cohesión territorial’ que, por tercer año consecutivo, se presupuesta para ello y que, en 2018, está dotada con 3,3 millones de euros. De Santiago-Juárez ha recordado que, hasta la fecha, estos incentivos no se habían activado para que todos los municipios de la Comunidad estuvieran en igualdad de condiciones para poder constituir una mancomunidad de interés general pero, a partir de 2018, se pondrá en marcha para avanzar con la ordenación del territorio y apoyar así a las mancomunidades que se constituyan. El vicepresidente ha aprovechado la reunión de la Comisión de Coordinación Territorial para solicitar la colaboración de los delegados territoriales en la explicación de estas medidas en sus provincias y, así, poder dar los pasos necesarios para implementarlas.
La financiación del Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales aumenta un 8,35 %
En esta reunión también ha estado presente la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha informado a los delegados territoriales de las principales líneas del Acuerdo Marco de Cofinanciación de Servicios Sociales, para los años 2017, 2018 y 2019, que registra un incremento del 8,35 % en su financiación. Este acuerdo es el instrumento de colaboración entre la Administración autonómica y las 24 corporaciones locales competentes en materia de Servicios Sociales que han de llevarse a cabo por las mencionadas Entidades Locales para su financiación.
Este incremento permitirá, entre otras cuestiones, que las corporaciones locales aumenten la prestación de servicios, que suba el servicio de ayuda a domicilio en más de 4,5 millones de euros en cada uno de los ejercicios o que se incremente en un 8,15 % el número de profesionales de Servicios Sociales que la consejería financia a las corporaciones locales a través de este Acuerdo Marco, es decir, un total de 1.220 en la Comunidad, lo que supondrá 92 profesionales más que con el Acuerdo Marco anterior.
Alicia García ha subrayado que el objetivo de la Junta pasa por el mantenimiento de la red coordinada de Servicios Sociales, por potenciar los servicios que prestan las corporaciones locales y por garantizar los empleos de los más de 1.200 profesionales que trabajan en este ámbito y que son financiados por la Junta de Castilla y León. También ha señalado que el Acuerdo Marco 2017-2019 permitirá a las corporaciones locales incrementar la plantilla en 90 trabajadores, que vendrán a reforzar la actividad de los Centros de Acción Social.
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