La eurodiputada socialista Iratxe García abogó hoy por que se establezca en Europa un marco jurídico que reconozca “las desventajas graves y permanentes” de los territorios con problemas de despoblación, con el fin de determinar instrumentos y financiación propia.
Así lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Empleo de las Cortes para explicar el Informe sobre el despliegue de los instrumentos de la política de cohesión por parte de las regiones de la Unión Europea para afrontar el cambio demográfico, que se que se aprobará por parte del Parlamento Europeo, a mediados de este mes y que marcará el comienzo de la negociación del nuevo marco presupuestario de la UE donde se podrá influir en la lucha contra la despoblación.
García apostó también, en su intervención, por la necesidad de que todos los fondos europeos incluyan un instrumento específico de carácter finalista para atender a la despoblación, al tiempo que se mostró en contra de que el PIB sea el criterio único en el reparto de fondos europeos.
Un problema “de primer orden” que, afirmó, ha de abordarse desde todas las administraciones y en coordinación entre Europa y los gobiernos nacionales y autonómicos. “Los desafíos no son nuevos, lo singular es la intensidad de estos procesos”, remarcó, para añadir que la actuación de la Unión Europea para dar respuesta a este problema es “parcial y escasa”.
Por su parte, la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, que fue quien fijó posición por parte del Grupo Socialista, recordó que en el ‘debe’ del PP está la pérdida, desde el año 2010, de 116.000 habitantes.
Además, incidió en que Zamora es la provincia más envejecida de España, con casi tres personas mayores de 65 años por cada joven menor de 15 años y Soria la más despoblada.
“Al PP siempre le ha dado miedo este problema y los socialistas lo miramos de frente”, sostuvo Barcones, quien aseguró que Castilla y León es una comunidad autónoma a tres velocidades, consecuencia de un proyecto “agotado y sin liderazgo”.
Además, consideró que la eficacia de los fondos europeos es “escasa” allí donde no existe una política propia de desarrollo territorial a escala “suficientemente” próxima a la población. Por ello, abogó por que en la gestión de estos fondos europeos estén implicadas directamente las entidades locales.
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