La Justicia da la razón a Ciudadanos sobre el registro de uniones de hecho

La Justicia da la razón a Ciudadanos sobre el registro de uniones de hecho
El Tribunal Superior de Castilla y León respalda suprimir la exigencia de copia de residencia para la inscripción. El procurador salmantino David Castaño critica “la doble negativa del PP en apoyar una proposición que ahora ha sido corroborada" por la Justicia

David Castaño, procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Salamanca, ha presentado dos preguntas en referencia a la sentencia nº 446 del Tribunal Superior de Justicia que declara nulo el artículo 11.1 de la Orden FAM/1597/2008.

“El 30 de octubre de 2015 nuestro Grupo Parlamentario registró una PNL para su debate en la Comisión de Familia, dicha PNL instaba a la Junta a comprometerse a atender las recomendaciones de la Defensora del Pueblo para modificar la Orden que exige presentar copia de autorización de residencia en vigor de extranjero no comunitario para la inscripción en el registro de uniones de Hecho y suprimir tal exigencia” ha explicado Castaño, quien ha añadido que en la Comisión se puso de manifiesto la “necesidad” de armonizar la legislación “para todos los municipios de nuestra Comunidad”.

El procurador de Ciudadanos ha asegurado que “el registro de parejas de hecho de la Junta no se adapta, en muchos casos, a las necesidades y requerimientos actuales” y ha recordado, que a pesar de esta situación, “la PNL quedó empatada en Comisión y, en Pleno, fue bloqueada por el Partido Popular”.

David Castaño ya avanzó entonces que el Tribunal Superior de Justicia iba a dictar sentencia sobre el recursos de apelación interpuesto frente a la denuncia del Juzgado de lo Contencioso administrativo sobre la exigencia de presentación del permiso de residencia.

El 25 de abril de 2017 dicho Juzgado ha desestimado el recurso de apelación interpuesto y que declara nulo el artículo 11.1 de la Orden FAM/1597/2008, en la redacción dada por la Orden FAM/1036/2010, de 5 de julio. 

“La sentencia da claramente la razón a lo expuesto en nuestra iniciativa parlamentaria y condena en costas a la administración regional, todo ello por el voto en contra, hasta en dos ocasiones, del Partido Popular” ha señalado el procurador naranja.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario naranja reclama conocer si la Junta tiene intención recurrir la sentencia y en caso negativo, si la Junta tiene intención de acatar y cumplir dicha sentencia.

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