El municipio se adhiere por unanimidad al convenio para la creación de fondos sociales de viviendas

El municipio se adhiere por unanimidad al convenio para la creación de fondos sociales de viviendas
El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes se adhirió por unanimidad de su pleno al convenio para la creación de fondos sociales de viviendas, una iniciativa que entró en vigor en enero de 2013 a la que se continúan sumando municipios de toda España. Santa Marta entiende que se trata de “una buena propuesta”.

 

Para adherirse al plan no es obligatorio disponer de una bolsa de viviendas, caso de la ciudad tormesina y  de otros municipios que, a día de hoy, tampoco la tienen. Es por ese motivo por el que ese recurso es ampliable. En la actualidad cuenta con 6.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, un número escaso a juicio de los grupos de la oposición.

 

El salón de plenos de Santa Marta estaba lleno. En la zona destinada al público miembros, en su mayor parte, de la plataforma Stop Desahucios en busca de un mayor compromiso municipal con esta situación. Los concejales de Izquierda Unida Jesús Santos y Asunción Barandiarán vistieron durante el pleno la característica camiseta con el logotipo del colectivo.

 

En Santa Marta son seis las familias afectadas por esta situación hoy por hoy. Según confirmaron fuentes municipales, ya han sido derivadas a la oficina del servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio de la Diputación de Salamanca. De hecho, tres de ellas ya reciben ayuda mientras que las otras tres trabajan en la actualidad en busca de una solución.

 

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha fijado ya para el próximo 4 de abril la primera reunión de una mesa de trabajo en la que participarán todos los otros grupos políticos para abordar este aspecto.

Mociones

 

La polémica, como era de esperar, llegó en el capítulo de mociones. Así, durante la relativa a pensiones presentada por Izquierda Unida, el portavoz de IU, Jesús Santos, se enzarzó con el alcalde por su derecho al turno de réplica. El regidor permitió finalmente que Santos terminará de agradecer a UPyD y el PSOE su respaldo a la petición de que el Ayuntamiento “tenga coraje para defender a sus vecinos” y ayude a los pensionistas a recuperar su poder adquisitivo.

 

De forma conjunta, los Grupos Municipales del PSOE, Izquierda Unida y UPyD llevaron a pleno la polémica sobre la Comisión Informativa de Bienestar Social y Cultura interrumpida el pasado 14 de febrero y volvieron a exigir una disculpa pública por parte de Javier Cascante junto a la reprobación del pleno puesto que “si no lo reprueba, representará un pésimo ejemplo”. Al igual que la anterior, esta moción también fue desestimada por 10 votos contra 7.

 

Ese resultado también se repitió al votar la moción presentada por UPyD relativa al cobro del llamado ‘céntimo sanitario’. El portavoz de la formación, Miguel Ángel Moreno, exigió que se cuantifique lo pagado de más de todos los vehículos municipales y, a continuación, se inste al Gobierno a que estudie la fórmula de devolución de lo cobrado indebidamente. Además, Moreno reclamó que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) realice una campaña para difundir entre los ciudadanos los requisitos para reclamar la devolución y asesorarlos en esa tarea.

 

A este respecto, el PSOE aseguró no entender por qué el dinero “se saca sin motivo del bolsillo de los consumidores” y pidió que las cantidades que finalmente sean devueltas por el estado repercutan en acciones de contenido social.

 

Interpelado, el teniente de Alcalde, David Mingo, explicó que el Ayuntamiento ya está cuantificando la cantidad de dinero que ha de reclamar. De igual forma, recordó que la OMIC ya ayuda a los ciudadanos que lo solicitan a recuperar lo cobrado indebidamente. Sin embargo, se comprometió a estudiar colocar en la web municipal una especie de enlace informativo que permita aclarar más esta cuestión.

 

Por todo ello, resumió Mingo, el equipo de gobierno rechazó la moción puesto que lo que reclama que se haga “ya se está ejecutando”.

 

Finalmente, y al margen del órden del día, Izquierda Unida presentó una moción de urgencia al hilo de las declaraciones de la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, en las que aseguraba que le parecía imposible llegar a un acuerdo para devolver a los funcionarios de la Comunidad la paga extra suprimida en 2012.

 

El equipo de Gobierno desestimó la urgencia de la moción al entender que, tomar parte ante algo así, podría llegar a ser considerado, incluso, una injerencia en la relación entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos. Esa actitud, dijo, “sería incoherente por nuestra parte dado que siempre hemos defendido la autonomía de las administraciones”.
 
 
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