El Sindicato de Estudiantes denuncia que ?después de cuatro años de recortes salvajes a la educación pública, el Partido Popular vuelve a declarar la guerra al derecho a la educación pública de millones de familias?. Así, explica que aprovechando los meses de verano el Gobierno aprobaba por decreto ?y a escondidas lo que supone la mayor agresión que ha sufrido la educación pública en décadas: la entrada en vigor de las reválidas franquistas?. Por eso, propone una huelga general para el 26 de octubre.
Justifica el sindicato que ?han sido muchos los intentos del Partido Popular para arrasar la educación pública?. Pone como ejemplos los recortes en los presupuestos educativos, la reducción generalizada de las becas y la subida de las tasas universitarias, el despido de profesores o la aprobación del decreto 3+2, junto con la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, la polémica Lomce. ?En definitiva, una ofensiva sin cuartel para acabar con la enseñanza pública y devolvernos a las cavernas educativas del franquismo?, añade.
Argumenta el Sindicato de Estudiantes que el modelo de las reválidas supone multiplicar la actual selectividad por tres, ?facilitando de la manera más mezquina la expulsión de cientos de miles de estudiantes que viven en el día a día la degradación de la calidad educativa como consecuencia de los recortes?. Así, considera que con una primera reválida en cuarto de la ESO, que en caso de no aprobar supondrá no solo la imposibilidad de acceder a Bachillerato sino también la negación del título en ESO, y una segunda reválida en segundo de Bachillerato, que dejará sin título de bachillerato a quien no la apruebe cerrando las puertas de la universidad, no se está abogando por mejorar la calidad de la enseñanza, sino todo lo contrario.
Además, en caso de suspender las revalidad no sólo se impedirá el acceso a cursos superiores y la obtención del título de la ESO o Bachillerato habiendo superado todas las asignaturas, deja abierta la posibilidad de una tercera reválida realizada por las universidades para poder acceder a la carrera elegida. ?Es un escándalo y una agresión a nuestros derechos! ¡Una injusticia que no tiene otra justificación que seguir reduciendo recursos económicos y docentes a la enseñanza pública?, concluye el sindicato.
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