El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Jesús Encabo, se ha reunido con el rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruipérez, para explicar el alcance del trabajo de fiscalización de las cuatro universidades públicas de la Comunidad en el ejercicio 2012, que se va a desarrollar en colaboración con el Tribunal de Cuentas. Como publicara ayer este periódico, la institución académica cerró el año pasado con un superávit de 12,5 millones de euros, tercer ejercicio consecutivo en positivo.
En el encuentro mantenido en la sede del Rectorado, Encabo ha explicado el origen de esta iniciativa en un acuerdo adoptado el 18 de diciembre de 2012 por la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. La Comisión instó entonces al Tribunal de Cuentas a desarrollar un informe similar al elaborado para el ejercicio 2003 sobre la organización, actividad económicofinanciera y gestión del conjunto de las universidades públicas, por considerarlo un instrumento muy útil para conocer su funcionamiento. El Consejo de Cuentas participó de forma activa en aquellos trabajos, aprobando cuatro informes, uno por cada Universidad Pública (Burgos, León, Salamanca y Valladolid), que fueron incluidos por el Tribunal de Cuentas en su análisis general.
La fiscalización se centrará en analizar la gestión económico-financiera desarrollada en relación con la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto de la Universidad para el ejercicio fiscalizado. También en examinar la organización administrativa y docente de la Universidad, con especial incidencia en la existencia de entidades dependientes y fundaciones vinculadas a la Universidad y, en su caso, las actividades que desarrollan y los recursos universitarios transferidos o puestos a disposición de cada una de ellas; además de la presencia docente en ámbitos territoriales ajenos al autonómico de referencia y su correspondiente estructura material y docente.
Por otro lado, se procederá a valorar las funciones, competencias y procedimientos de los sistemas de control interno existentes en las cuatro universidades con el fin de determinar si son suficientes para garantizar una correcta gestión, así como el cumplimiento de los procedimientos establecidos para su ejercicio. Finalmente, se evaluará la sujeción a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos encomendados, en especial en las áreas de docencia, investigación, personal y tesorería. En particular se examinará y valorará la implementación de criterios que permitan llevar una contabilidad analítica que facilite una adecuada asignación de costes. Asimismo, se verificará la observancia de la normativa para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todo aquello que, de conformidad con dicha normativa, pudiera tener relación con el objeto de las actuaciones fiscalizadoras.
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