CSI-F exige que el Registro Civil permanezca en la administración de Justicia

CSI-F exige que el Registro Civil permanezca en la administración de Justicia

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) exige claridad al Ministerio de Justicia, tras anunciar la paralización de la privatización del Registro Civil, "porque todavía quedan muchas dudas sobre sus intenciones, cabos sueltos sobre cuestiones que son importantes". A su juicio, el Ministerio de Justicia debe explicar qué significa “sacar el Registro Civil fuera del ámbito judicial”, tal y como ha señalado. “No se puede abrir un proceso de diálogo si ya se excluye, de  primeras, la propuesta defendida por CSIF de un Registro Civil gestionado por funcionarios de Justicia”. 

A su juicio, el Ministerio debe comunicar la duración de la prórroga de la entrada en vigor de  la Ley 20/2011, y cuándo se hará efectiva la prórroga o la derogación en el BOE.  No obstante, más que una prórroga de la entrada en vigor de la ley, CSIF defenderá la derogación de la Ley 20/2011, puesto que esta ley también saca el registro civil de la Administración de Justicia. “Es el mejor camino para poder negociar sin ningún tipo de presión ni posición predeterminada”, insiste CSI-F.

Añade que el Ministerio de Justicia debe comunicar si deroga o no las disposiciones del RDL 8/2014 y  de la Ley 18/2014, relativas al Registro Civil y a su entrega a los registradores. Debe también explicar cuándo se hará efectiva esta derogación. Para CSIF, este dato es decisivo para saber “si estamos ante un mero aplazamiento, quizá estratégico a la espera de tiempos mejores, o ante el abandono definitivo y total de la privatización del Registro Civil que es nuestro objetivo”. Finalmente, el Ministerio de Justicia debe aclara que plazo baraja –si lo tiene previsto- para negociar el futuro modelo del servicio. 

CSI-F valora como “un primer paso” el anuncio de la paralización de la privatización, pero espera que esa paralización sea definitiva,  y no una estrategia del Ministerio para ganar tiempo, ante una privatización que nadie desea, para garantizar la calidad del servicio y porque al ciudadano le costará dinero.

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