El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán Serrano, y la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Cristina Prieto Revuelta, han mantenido esta mañana una reunión informativa con representantes de diferentes asociaciones de personas con discapacidad a fin de profundizar en el contenido del Convenio Especial para trabajadores con discapacidad y especiales dificultades de inserción laboral.
Este Convenio, que entró en vigor el pasado día 1 de abril, emana de la Ley de 2011 sobre Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de la Seguridad Social y posibilita que personas con discapacidad que tengan especiales dificultades de inserción laboral puedan suscribir ya convenios especiales con la Seguridad Social para la cobertura de las contingencias de jubilación, muerte y supervivencia sin necesidad de acreditar un período previo de cotización. El Real Decreto que lo regula establece las condiciones, delimita el ámbito de aplicación y fija sus características y especialidades en materia de procedimiento, efectos, acción protectora y cotización.
En su proceso de elaboración, el Real Decreto fue sometido a consulta de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, tanto a través del Consejo Nacional de la Discapacidad como de forma directa, al amparo del artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El nuevo convenio supone una vía para facilitar los mínimos de cotización exigidos para generar prestaciones, en el caso de personas con especiales dificultades de acceso al mercado laboral.
Además, significa un refuerzo del principio de igualdad de oportunidades ya que posibilita el encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social. De esta forma, las personas con discapacidad podrán acceder a las prestaciones de jubilación, muerte y supervivencia sin necesidad de haber acreditado un período previo de cotización. Se estima que en Salamanca podría beneficiar a un colectivo integrado por unas 300 personas, que se verían favorecidas por el objetivo que se persigue, que no es otro que facilitar la integración de personas con discapacidad, cumpliendo de este modo con las recomendaciones del Pacto de Toledo.
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