Castilla y León es la primera comunidad de España en impulsar un acuerdo que permitirá que los jueces conozcan la situación de vulnerabilidad de las personas afectadas por casos de ejecución hipotecaria antes de dictar una resolución al respecto. Se trata de un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para mitigar situaciones en las que personas en riesgo de desahucio puedan quedar desamparados al perder su vivienda.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, han rubricado el protocolo de actuación en materia de protección de las personas en situación de pérdida de vivienda habitual por causa de ejecución hipotecaria. Un acuerdo que favorecerá que los magistrados dispongan en el plazo de 10 días de un informe detallado de la situación de la persona o familia en riesgo de perder su vivienda.
El protocolo se incluye en el Programa Integral de Apoyo de las Familias en Riesgo de Desahucio, impulsado desde la Gerencia de Servicios Sociales, con el ánimo de prevenir las situaciones de sobreendeudamiento familiar, a evitar el riesgo de pérdida de la vivienda de familiar como consecuencia del pago de la hipoteca. De este modo, en los casos en los que el juez, durante el despacho de un asunto de esta naturaleza, pudiera albergar dudas sobre la capacidad de los afectados para afrontar la pérdida de su vivienda, los Servicios Sociales podrán emitir un informe de la situación de vulnerabilidad del afectado.
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