La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal formada mayoritariamente por ciudadanos nigerianos que se dedicaba a introducir mujeres subsaharianas en España de forma ilegal. Para asegurarse de que las autoridades españolas no las devolvieran a sus países de origen al interceptar las pateras en las que llegaban, la organización procuraba que las mujeres viajaran en avanzado estado de gestación o acompañadas de hijos de muy corta edad. Incluso, en algunas ocasiones, los miembros de la red entregaban niños a las mujeres para que se hicieran pasar por sus madres al atravesar el Estrecho de Gibraltar.
Una vez en suelo español, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución en beneficio de la organización. Algunas de ellas eran enviadas a clubes de alterne clandestinos donde, además de explotarlas sexualmente, permanecían encerradas bajo llave en pésimas condiciones higiénicas durante el tiempo que no estaban ejerciendo la prostitución.
Las investigaciones comenzaron en septiembre del año pasado, con la llegada a las costas españolas de una patera en la que viajaba un grupo compuesto por ocho mujeres subsaharianas acompañadas de menores de muy corta edad o en avanzado estado de gestación.Inmediatamente, los agentes especializados se pusieron en contacto con las mujeres y, tras comprobar que se trataba de víctimas de trata de seres humanos, las informaron de los derechos y recursos asistenciales que la normativa legal vigente establece para estos casos.
Mientras se realizaban estos trámites, la Policía tuvo conocimiento de que la mayor parte del grupo de mujeres y menores había huido precipitadamente del centro asistencial en el que se encontraban acogidos, lo que no hizo sino confirmar sus sospechas de que se trataba de víctimas de trata de seres humanos, con lo que se intensificaron las investigaciones con el fin de averiguar el paradero de todos ellos, así como el motivo que los había impulsado a huir.
Las gestiones realizadas por la Policía permitieron averiguar que detrás de todo esto estaba una organización criminal compuesta en su mayoría por ciudadanos nigerianos dedicada a la introducción ilegal de mujeres subsaharianas en España, para su posterior explotación sexual. Una vez que las mujeres llegaban a España, eran trasladadas por la organización a diversas localidades del área metropolitana de Barcelona o a Almería, donde eran explotadas sexualmente.
El "jefe" de la red dirigía el proceso desde Marruecos
El máximo responsable de la organización, afincado en Marruecos, dirigía todo el proceso al que eran sometidas las mujeres, desde su captación en el país de origen, principalmente Nigeria, pasando por todo el recorrido que hacían a lo largo del continente africano, hasta su llegada a las costas españolas, tramo este último que realizaban en "patera". El responsable de la red también se encargaba de supervisar la posterior fase de acogida en el lugar de destino y su explotación sexual. Este individuo trasladaba en pateras casi exclusivamente a mujeres gestantes o madres con hijos de corta edad con el fin de garantizar su no regreso al continente africano.
Las pruebas de ADN practicadas a las mujeres y menores recién llegados, han constatado que otra de las formas que utilizaba la organización para introducir a las mujeres ilegalmente era entregarles niños para que fueran portados por las mismas durante la travesía marítima del Estrecho. Una vez en tierra y al ser interceptadas por la autoridades españolas, tenían instrucciones de decir que los niños eran hijos suyos para evitar ser devueltas a sus países de origen.
En la operación se ha detenido a diez personas: cuatro de ellos de nacionalidad nigeriana, dos marroquíes, tres brasileños y uno de Malí, aunque la investigación continúa y no se descantan nuevos arrestos. Además se ha procedido a la liberación de seis víctimas del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a las que se han aplicado las medidas de protección y asistencia previstas en el Protocolo Marco de Protección de víctimas de trata de seres humanos. Los menores, de los que no se ha podido determinar relación materno-filial, han quedado bajo la protección de los servicios asistenciales de las correspondientes Comunidades Autónomas, dada su condición de menores extranjeros en situación de desamparo.
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