La ocupación en el sector público disminuyó durante el primer trimestre del año, continuando la tendencia a la destrucción de puestos de trabajo iniciada desde 2008, cuando comenzó la crisis, según los datos de la Encuesta de Población Activa publicados ayer jueves, correspondientes al primer trimestre del año. Si se observa la variación interanual, la evolución es aún más dramática. En el último año se destruyó un 8,32 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, lo que sitúa la ocupación al mismo nivel que en el mismo trimestre de 2005.
La destrucción de empleo respecto al año pasado se ha multiplicado por tres y ya es más del doble que la destrucción de empleo en el sector privado. Principalmente se debe fundamentalmente a la amortización de plazas (empleados públicos que se jubilan sin que se cubra su puesto) y por el despido encubierto de miles de interinos, fundamentalmente en el sector de la enseñanza y el de la sanidad.
En este sentido, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) denuncia un plan premeditado para cambiar el modelo de administración, dejándola caer por su propio peso y externalizando los servicios estructurales a la empresa privada: sanidad, hostelería, conductores, ordenanzas, limpieza. “Todo ello se une a la caza de brujas que han sufrido los empleados públicos en sus carnes durante los últimos años, con el recorte de sus condiciones laborales y una injusta campaña de desprestigio”, añade.
Por esto, CSI-F emplaza al Gobierno a impulsar un plan de recursos humanos, antes de que sea demasiado tarde. “La Administración se encuentra al borde del colapso y en los próximos años, el sistema se hará insostenible, dado que el 50 por ciento de los empleados públicos de la AGE son mayores de 50 años y uno de cada diez supera ya los 60. En el caso concreto de la AGE, la falta de efectivos afecta a la mayoría de los organismos y de manera especial, a algunos que realizan sus tareas de cara al público, como son el SEPE, el Fogasa y el Imserso. Los dos primeros en muchos casos tratan con personas con serios problemas por la desesperación que lleva consigo la situación de desempleo,mientras que el Imserso ha visto seriamente mermado su calidad asistencial por la reducción de efectivos”, argumenta el sindicato.
CSI-F exige cuanto antes un pacto de Estado en materia de Administraciones Públicas. Es preciso realizar un diagnóstico objetivo y planificado de los recursos humanos para determinar las necesidades de los servicios, una convocatoria urgente de empleo público; evaluar el desempeño y promover la consolidación de los puestos y la carrera profesional. “Las recientes cifras de déficit y los datos de desempleo demuestran que las políticas del Gobierno están equivocadas. Los responsables de la crisis son los bancos y el derroche realizando en infraestructuras, gastos superfluos, asesores y empresas públicas para colocar personas afines a los políticos. En contra de lo que nos quieren hacer ver, el gasto en los servicios que demandan nuestros ciudadanos es necesario. En estos momentos España se gasta infinitamente más en pagar los intereses de la deuda que en los sueldos de nuestros empleados públicos”, concluye.
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