La Junta de Castilla y León ha dado luz verde al expediente de expropiación forzosa de bienes y derechos afectados por las obras a que da lugar la ejecución del proyecto denominado ‘Acondicionamiento de la carretera DSA-290 (CV-22), tramo: cruce CV-90 a Lagunilla (Parcial). Travesía de El Cerro a cruce con la carretera a Montemayor del Río’. Dicha intervención fue aprobada mediante resolución de la presidencia el pasado de 27 de junio de 2013 merced a un presupuesto de 450.000 euros.
La relación de bienes y propietarios afectados por el proyecto (13 parcelas en total –diez en El Cerro y tres en Lagunilla-) ya fue sometida al trámite de información pública mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 31 de julio de 2013.
La institución provincial justifica la declaración de urgente ocupación en que la traza del tramo de carretera objeto de estudio se enclava dentro de una zona de media montaña, el trazado en planta es sinuoso y de pendientes acusadas, las alineaciones curvas son muy variables con radios desde los 30 hasta los 250 metros aproximadamente y en que las curvas de transición son inexistentes. La Diputación argumenta al mismo tiempo que se trata de una carretera sometida a tareas de conservación continuas en la que no existe arcén y el pavimento se encuentra “muy envejecido”, lo que hace necesaria la renovación.
Al tener una plataforma tan reducida (de entre 4,7 y 5 metros de ancho), la calzada es estrecha y provoca que el tráfico sea peligroso. Los adelantamientos, advierte la Diputación, “deben de efectuarse extremando al máximo las medidas de seguridad y, cuando se trata de maquinaria agrícola, lo hacen imposible en la mayor parte del trazado”.
Con la ejecución del proyecto se conseguirá que el tránsito de vehículos de todo tipo y tonelaje se realice en las mejores condiciones y con las garantías que la seguridad vial requiere, sobre todo en las épocas del año en que la climatología es más adversa.
Así pues, teniendo en cuenta los indudables perjuicios para la seguridad vial que la situación descrita supone “hace necesaria una actuación urgente con el fin de paliar lo antes posible los riesgos existentes”. Tales circunstancias pueden ser consideradas de índole extraordinaria cuya concurrencia aconseja acudir al procedimiento expropiatorio urgente.
Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o cualquier otro que se estime más conveniente para la defensa de sus intereses, en el plazo de dos meses.
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