La entrada en vigor el pasado 6 de diciembre de la Ley 41/2015, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales se ha traducido en el primer trimestre del año en una disminución del 42% en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal.
La reforma legal modificó el artículo 284.2 de la normativa, de forma que los atestados policiales en los que no exista autor conocido del delito denunciado ya no se remiten a los Juzgados de Instrucción. Además, como esos asuntos que han dejado de ingresar los Juzgados de Instrucción se resolvían de forma inmediata, con un auto de archivo por falta de autor conocido, se ha producido un descenso similar en la resolución de asuntos resueltos.
El informe 'Situación de los órganos judiciales en el primer trimestre de 2016 publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial revela que la entrada de asuntos disminuyó en el primer trimestre del año también en el resto de las jurisdicciones, resultando una bajada global del 32% respecto del mismo periodo de 2015.
La tasa de litigiosidad en el conjunto de España en el primer trimestre de 2016 ha sido de 32 asuntos por cada mil habitantes, frente a los 46 asuntos registrados en el mismo periodo del año anterior. Esta bajada también obedece en parte a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Como en años anteriores, y basándose en las series históricas trimestrales disponibles, la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha realizado una previsión para el conjunto del año del movimiento de asuntos en los Juzgados y Tribunales españoles. En este caso, sin embargo, la proyección debe ser tomada con mayor cautela debido a que las reformas del Código Penal han producido una notable disminución en la entrada de asuntos en la jurisdicción penal, con los consiguientes efectos en la resolución y pendencia.
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