Las dos mociones presentadas por Ciudadanos al pleno del Ayuntamiento salieron adelante con un amplio respaldo. Por unanimidad se aprobó la moción para revisar los procedimientos de pago de ayudas al alquiler y de urgencias social, y sólo con el voto en contra del PP la propuesta para garantizar la accesibilidad en la educación para los alumnos con sordera, sordoceguera o usuarios de la lengua de signos.
Al respecto de la primera, Gabriel de la Mora, concejal de Ganemos, afirmó que "la mera existencia de estas ayudas es signo del fracaso de las políticas económicas y sociales de este país. Ojalá no hubiera que acudir a medidas paliativas contra la pobreza. No obstante, el mantenimiento de estas líneas es imprescindible pero mejorando la gestión de estas ayudas evitando a las entidades privadas". "Todos entendemos que estas ayudas no deberían ni existir, pero tenemos que afrontar la situación que hay", matizó Ana Suárez, concejal de Ciudadanos.
El portavoz socialista, José Luis Mateos, añadió que "ya denunciamos cómo se solicitaban estas ayudas y cuánto se tardaba en su concesión. Afectan a familias con muy escasos recursos y el hecho de que transcurra más de un mes entre que se solicita y se recibe es demasiado tiempo. Toda demora evitable es demora excesiva. Además, hay que facilitar la entrega de documentos y esperemos que todas estas cuestiones se tomen en cuenta además de lo que ha planteado Ciudadanos".
Por su parte, la concejal de Familia e Igualdad de Oportunidades, Cristina Klimowitz, destacó la labor y ayuda que el Ayuntamiento hace a favor de las familias con más dificultades, "hasta 780 el año pasado destinando más de medio millón de euros. El procedimiento está regulado por un reglamento aprobado en pleno en 2014 y de conformidad con la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León. La administración local estamos obligados a ello pero siempre hay maneras para agilizar y mejorar. Vamos a hacer todo lo posible por mejorar el procedimiento para que el pago de estas ayudas se de en el menor tiempo posible. En cuanto al señor De la Mora, que parece que ya está en campaña, le invitaría a pasarse por la Comisión Informativa de Servicios Sociales. El asistencialismo está más que superado".
Alumnos con discapacidad auditiva
En la segunda moción, la portavoz de Ganemos, Virginia Carrera, aseguró que echan en falta "preocuparnos más por los trabajadores como intérpretes de signos en centros educativos. Están cobrando salarios indignos y precarios. Actualmente este servicio está en manos de una empresa privada y rogaría que se inste en futuras sesiones a la Junta para que devuelva a la gestión pública a los intérpretes de lenguaje de signos".
Por su parte, el portavoz del PSOE, José Luis Mateos, explicó que "como no podía ser de otra manera compartimos el contenido tal y como se plantea. Es una apuesta clara por la educación inclusiva. Es tremendo que hay alumnos que durante determinadas horas lectivas carezcan de intérprete de lengua de signos".
Al respecto, la concejal de Educación, Carmen Sánchez, afirmó que falta información en esta propuesta. "La ley recoge cómo las administraciones educativas dispondrán de los medios, en los centros en los que se determinen, para la prestación de servicios para personas con discapacidad auditiva. En Salamanca, contamos con tres centros. Además, los alumnos que se escolaricen en cualquiera de los tres tendrán garantizada la presencia de los intérpretes. Y esta garantía se desarrolla desde hace dos años, porque se propuso que todas las provincias tuvieran centros de referencia para este tipo de alumnos. No todos precisan de intérprete, también hay que decir, que viene avalado por el informe correspondiente de los profesionales".
Ana Suárez, concejal de Ciudadanos, lamentó que el PP no vea esta necesidad. "Hoy viernes está una alumna, llamada Andrea, intentando seguir las clases sin intérprete. El lunes se va a encontrar muy por detrás de sus compañeros por más que haga por potenciar su autonomía. La discapacidad auditiva la tiene todos los días, pero los intérpretes no. Y no es Andrea, son quince en la provincia de Salamanca. El primer paso para visibilizar el problema lo hemos dado", concluyó.
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