La Alianza UPA-COAG rechaza la propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para abrir la Indemnización Compensatoria por ejercer la actividad agraria en zonas desfavorecidas o de montaña a todos los perceptores que reciban ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC).
Hasta ahora, en la programación del desarrollo rural 2007-2013, los programas de las distintas Comunidades Autónomas exigen, de forma general, la condición de Agricultor a Título Principal (ATP) para ser beneficiario de las indemnizaciones compensatorias. Esta priorización responde al gran porcentaje del territorio español que está calificado como zona desfavorecida/montaña, aproximadamente el 80% de la Superficie Agraria Útil.
A pesar de ello, critican, los montantes de las Indemnizaciones Compensatorias en España son los más bajos de toda la UE. Según datos de Bruselas, un agricultor español recibe de media 16 euros por hectárea, por los 215 euros de Bélgica o los 196 de Finlandia. En Francia y Portugal se sitúa por encima de los 100 euros/hectárea.
UPA-COAG califica como “inaceptable” que se haga “proselitismo político” con las ayudas al desarrollo rural, ya de por sí escasas, favoreciendo a miles de titulares no profesionales a costa de los hombres y mujeres del campo que viven de la actividad agraria.
De aplicarse la medida del Ministerio de Agricultura, critica la Alianza, el presupuesto que ahora llega tan sólo a los profesionales se destinará a todos los beneficiarios de la PAC. En Castilla y León tienen la condición de ATP el 42 % de los perceptores de la PAC frente al 58% que no lo son.
Ante esta situación, solicita a la Consejería de Agricultura y Ganadería que reclame ante el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, el rechazo a esta propuesta. Y es que esta medida es difícil de justificar en un contexto de austeridad económica, “que nos ha llevado a tener que exprimir los límites de la cofinanciación nacional para el próximo período 2014-2020, incluido un drástico descenso de la aportación del Estado”.
La organización entiende que es “más necesaria que nunca” una priorización de los fondos a los verdaderos profesionales agrarios. Al respecto, esta medida “está pensada para equilibrar la renta de los profesionales que generan empleo y fijan población en aquellos territorios más difíciles”, por lo que rechazan que se plantee su recorte.
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