El dinero ilegal que cobran los colegios concertados de León a las familias

El dinero ilegal que cobran los colegios concertados de León a las familias

Se le denomina "donativo", "donativo colaborador", "aportación voluntaria" o "aportación responsable" o de cualquier otro imaginativo modo. No quedan tan atrás otros nombres como "material escolar", "mejora de la calidad", "desgaste de patio"... Pero se llame como se llame, se cobra en la capital leonesa en la práctica totalidad de los colegios privados –con mayoría de centros religiosos- que cuentan con concierto público, es decir, que reciben dinero de la Junta de Castilla y León.

Esto ocurre con absoluta impunidad y a pesar de la ilegalidad que supone esta práctica, como deja claro una sentencia del Tribunal Supremo adoptada a finales del año pasado por la Sala Tercera Sección Cuarta del TS, el máximo órgano judicial español.

iLeon.com ha podido confirmar, no sin enormes dificultades, algunas cantidades que cobran conocidos centros educativos concertados de la capital leonesa, donde existen 18 en total. En el cómputo de la provincia se eleva a 33 centros, según los datos oficiales de la Consejería de Educación.filial

En el Colegio Leonés la "aportación voluntaria" asciende a 37 euros mensuales, lo que multiplicado por diez meses lectivos suma 333 euros al año. Eso por cada alumno y en cada uno de los centros que el Leonés tiene repartidos por la capital leonesa. En las Teresianas, Colegio Santa Teresa, el precio asciende a 48 euros por alumno al trimestre (144 euros en el total anual, a 16 euros por mes), que se especifica voluntario pero que también se explica a las familias que se destina a la compra de material escolar, desde cuadernos a pinturas, que las familias no tendrán que abonar.

En los Jesuitas (Colegio Sagrado Corazón), y por escrito, la Fundación Escuelas de Cristo Rey, la petición a las familias se realiza también cada año a cargo de la Fundación Escuelas Cristo Rey, cuyo Patronato "está compuesto por personas vinculadas a la educación y al estilo educativo Ignaciano propio de la Compañía de Jesús", reza ese documento.

En él se manifiesta que "solicitamos vuestra generosa y solidaria colaboración económica con nuestra Fundación. Por supuesto, dicha colaboración es completamente voluntaria, así como la participación en las actividades que organiza. Es habitual que las familias que deseen colaborar con nuestra entidad hagan un donativo mensual repartido en diez mensualidades, que para el curso escolar 2015-2016 es de de 27 euros al mes por el primer hijo, 14 euros por segundo hijo y sin donativo a partir del tercer hijo".

"Hacen posible la mejor calidad en la educación de sus hijos"

Dicho de otro modo, una familia con dos hijos matriculados en los Jesuitas de León que decidan hacer este pago se tendrán que rascar el bolsillo en 41 euros al mes, o 410 euros por curso. O con sólo un hijo, 270 euros/año. Por supuesto, en el escrito no falta el habitual mensaje, común a casi todos los colegios, de que esos pagos son vitales para mejorar la educación de los escolares en ese centro. En este caso de los Jesuitas se manifiesta textualmente así: "Nuestro agradecimiento a las familias que con su colaboración y ayuda hacen posible la búsqueda de una mejor calidad en la educación de sus hijos".

Los Maristas tiene, curiosamente, dos precios diferentes dependiendo de si el hijo cursa sus estudios en Maristas Champagnat o en Maristas San José. En el primero caso, la aportación que se pide a las familias asciende a 22 euros mensuales (222 al año). En el segundo, se eleva hasta los 45,10 euros (nada menos que 451 euros al año) en este curso. Eso por cada hijo. En ambos casos, el dinero, de nuevo voluntario en teoría, se reclama por parte de la Congregación de los Hermanos Maristas.

En otro ejemplo contrastado por este medio, en el Colegio Nuestra Señora del Carmen 'Carmelitas', se ha estipulado un pago de 140 euros por año. Hoy en día ya se especifica a las familias que se trata de un "pago voluntario" aunque no hace mucho tiempo el concepto era en realidad "aportación material escolar".

En el Colegio Virgen Blanca, conocido popularmente como La Filial, la cuantía difiere bastante si el alumno cursa Infantil, Primaria o ESO, en cuyo caso se les solicita el pago de 60 euros al año por alumno; o si estudian Bachillerato, en cuyo caso la cifra sube exactamente hasta los 162,27 euros pagaderos en tres cuotas de 54,09 euros cada trimestre. Aunque hay que tener en cuenta que la Ley exige un cobro mínimo de 25 euros y máximo de 35.

El multi discriminatorio caso de las Discípulas de Jesús

Pero acaso la situación más llamativa se da en el Colegio de Discípulas de Jesús, regido por una congregación que se define en su propia web del centro como personas que "aspiramos con todas nuestras fuerzas a la glorificación de Dios, a ser salvadora con Cristo, y a ser víctimas en constante ofrenda con Él".

Y esa web de las Discípulas es, precisamente, el primer método de discriminación entre los alumnos. Porque para poder utilizar el área de Internet en el que se 'cuelgan' datos esenciales para los escolares como boletines de notas, justificantes, incidencias... es imprescindible abonar a principio de curso 53 euros por cada niño para disponer de la clave de acceso. Si no hay dinero, no hay clave ni acceso a esa área.

Ante la protesta de algunas -pocas- familias, algunas de las cuales justifican que la Junta dispone de una página web tipo que se puede personalizar para cada centro a coste cero, el colegio ha replicado en ocasiones que se trata de disponer de una plataforma en Internet propia e independiente y que ese recurso permite ahorrar en fotocopias, entre otros aspectos positivos.

Esta cifra ya discriminatoria en origen no impide que, además, se solicite la habitual cuota voluntaria a cada familia y por cada uno de sus hijos. Esa otra cantidad es de 40 euros al trimestre (120 euros por curso).

Si no se paga a mayores, no hay fiesta ni verbena para el alumno

Y para rizar el rizo, aparte excursiones que pueden ascender a 280 euros, el coste de las actividades extraescolares o campañas de recaudación que se abonan en un sobre, como el Domund, cuando llega la fiesta del colegio en honor al beato Pedro –a principios de abril- los alumnos que hayan decidido no formar parte del AMPA pagando 35 euros por familia más 3 euros a mayores por niño, deben sufragar 8 euros para conseguir una pulsera que les permita participar en todas las actividades. Si no hay pago, no hay pulsera y no hay fiestas. Y 2 euros más es lo que cuesta el tique para disfrutar de la verbena. (Estos conceptos se pueden comprobar en el documento en PDF adjunto a esta información).

Mientras todo esto ocurre, nadie en la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León parece tener en cuenta las reiteradas quejas formales planteadas por el Procurador del Común (el Defensor del Pueblo de Castilla y León) afeando estas conductas y pidiendo que se les ponga freno, ya que se trata de centros escolares que en base al concierto firmado con la administración autonómica reciben fondos públicos para impartir la educación.

186.000 euros de multa en Andalucía por menos de lo que pasa en León

Ni los centros concertados leoneses ni la Junta se han detenido a estudiar el efecto jurídico de la sentencia del Tribunal Supremo del 27 de noviembre de 2015. Hasta la máxima instancia judicial española llegó un caso denunciado por un padre en un colegio de Almería, al que la Junta de Andalucía acabó multando con la friolera de 279.000 euros –se rebajó finalmente hasta 186.000- por pedir aportaciones voluntarias a los padres de los alumnos en una cuantía muy por debajo de lo que se pide en la mayoría de los concertados de León.

En este caso concreto, el centro La Salle de aquella localidad remitió una carta solicitando 20 euros trimestrales, justificando la petición en los "esfuerzos por tener aire acondicionado, proyectores de pantalla grande, ordenadores, bibliotecas de aula (...) El déficit que venimos sufriendo en la enseñanza concertada está siendo paliado del mismo modo (con la colaboración de los padres) en todos los colegios de La Salle», rezaba la carta, no demasiado diferente de algunas que emiten colegios leoneses.

El TS, categórico: "Contraviene el principio de gratuidad de las enseñanzas obligatorias"

La durísima sanción sentó un precedente judicial, ya que primero el TSJ de Andalucía consideró que "no puede interpretarse mas que como una forma unívoca de solicitar un aporte de dinero para impartir la educación». «Eso sí, con el loable, pero ilegítimo (en cuanto contraviene el principio de gratuidad de las enseñanzas obligatorias) fin de mejorar las instalaciones y los sistemas destinados a la educación». La sentencia fue recurrida a la máxima instancia, el Tribunal Supremo, y éste la ratificó.

El TS falló, sentando un importante precedente jurídico, que "no puede mantenerse, como explicación para extraer la atipicidad de los hechos, que la petición económica no va dirigida a impartir la educación, sino a la compra de medios auxiliares", por cuanto "la propia actividad educativa y los medios empleados para ello se identifican, ya que, sin ellos, la actividad educativa no puede desarrollarse, al menos, de forma normalizada".

En resumidas cuentas, lo ilegal para el TS es solicitar cualquier cantidad económica dirigida a cualquier faceta de la educación de los niños y niñas, directa o indirectamente, incluso a recursos materiales, porque esa mera petición va contra el principio superior de gratuidad de la educación en estos ciclos obligatorios, gratuidad que ampara toda Ley educativa pasada y presente en España.

Un truco más: Hacienda acaba devolviendo parte del dinero a las familias

Ni siquiera lo categórico de esta decisión judicial ha hecho cambiar el modus operandi de los colegios concertados de León. Es más, todavía utilizan un recurso añadido, y muy convincente, para conseguir que se acerque al 100% el número de familias que paguen a mayores por sus hijos: les informan de que esas aportaciones desgravan en la Declaración de la Renta o, lo que es lo mismo, la Hacienda pública española les devuelve parte del dinero que se ha entregado al colegio para este fin.

La triquiñuela consiste en que el centro educativo, o la congregación que lo sustenta, se acoge al régimen fiscal especial establecido por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Y en base a esa Ley, el centro emite anualmente "los correspondientes certificados a todas aquellas personas que realicen donaciones, las cuales podrán acogerse a las desgravaciones fiscales previstas por la Ley", tal y como por ejemplo se recuerda por escritos a las familias de los alumnos de Jesuitas de León.

Comentarios