Presidencia analiza las medidas implantadas para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses

Presidencia analiza las medidas implantadas para mejorar la calidad de vida de los castellanos y leoneses

En el encuentro celebrado hoy en la Delegación de la Junta en Palencia, con motivo de una nueva reunión de la Comisión de Coordinación Territorial, De Santiago-Juárez ha destacado que “todas las áreas de trabajo y gestión de la Consejería de la Presidencia tienen un denominador común: mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León y que esta resulte más cómoda y sencilla”.

La actuación más relevante de las impulsadas por la Consejería de la Presidencia en los últimos cuatro años es el nuevo modelo de ordenación, servicios y gobierno del territorio, que ha supuesto una intensa actividad normativa iniciada con la Ley que rige estas materias, y que fue aprobada en 2013. El diseño y la legislación de la ordenación territorial –“el diseño de la Castilla y León del siglo XXI”, en palabras de De Santiago-Juárez- suscitó inquietudes y dudas en algunos. El consejero ha afirmado que “hemos pasado del miedo a la esperanza, fieles a nuestra vocación municipalista, porque la finalidad nunca fue la supresión de municipios -como algunos temían- sino su fortalecimiento, conseguir que fueran mejores y más eficientes en la prestación de los servicios a sus ciudadanos”.

La nueva ordenación del territorio impulsada por el Gobierno Herrera da respuesta al auténtico hecho diferencial de la Comunidad: un territorio caracterizado por el peso del medio local, la apuesta por la cercanía de los servicios y por la igualdad de todos los castellanos y leoneses en el acceso a ellos, el marcado carácter municipalista –por aportar herramientas a los municipios, especialmente a los más pequeños, para que a través de su asociación voluntaria gestionen sus competencias de un modo más eficiente, fortaleciendo los municipios rurales y promoviendo la cooperación entre ciudades y alfoces-; y la garantía un proceso de ordenación que necesariamente ha de ser participado, y que dejará preparado nuestro territorio para afrontar los retos futuros.

José Antonio de Santiago-Juárez ha destacado que la ordenación territorial “es un proyecto de Comunidad y como tal exigía por nuestra parte la mayor predisposición al diálogo, a la búsqueda del acuerdo, a la participación, la colaboración y la explicación”. Cabe recordar que el proceso de diálogo se inicio con la Mesa de Ordenación –formada por grupos parlamentarios, entidades locales representadas por la FRMP, agentes sociales y OPA-, que se llegó a reunir en 21 ocasiones.

La Consejería de la Presidencia desarrolló un ciclo de reuniones con representantes de cada uno de los 2.248 municipios de la Comunidad para explicar el modelo, recibir aportaciones y críticas e ir adecuándolo con nuevas sugerencias. Y además, ese diálogo constante se abrió a cada ciudadano, sometido el proyecto a información pública y poniéndolo a disposición en el portal de Gobierno Abierto para mejorarlo con las aportaciones de todos.

En el plano del diálogo político también debe recordarse que a lo largo de la legislatura en cinco ocasiones se han alcanzado pactos con el principal partido de la oposición: tanto los pasos previos al modelo, como la propia ley de ordenación y la legislación en desarrollo de la esta (Pacto de octubre de 2012, resolución debate de política general de 2013, Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, Decreto-Ley de medidas urgentes, Ley áreas funcionales estables).

La Junta cumple una aspiración histórica de los municipios: su financiación, garantizada por ley

La mejora de la financiación de las entidades locales ha sido otro de los hitos marcados por la Consejería de la Presidencia, pues pese al impacto de la crisis en los presupuestos autonómicos el esfuerzo para seguir apoyando financieramente a las entidades locales se cuantifica desde 2011 en más de 200 M€. Con estos fondos los municipios de Castilla y León han podido hacer frente a los gastos corrientes, a las pequeñas inversiones y sobre todo han sido capaces de seguir prestando servicios a los ciudadanos.

En esta legislatura, a finales del año pasado, se aprobó la ley que ha dado respuesta a una aspiración histórica de los municipios: eleva a rango de derecho la participación de las entidades locales en los tributos propios y cedidos de la Comunidad. Esta Ley garantiza una financiación estable a las entidades, que repercutirá en la calidad de los servicios prestados a sus habitantes, especialmente a los que viven en el medio rural. La Ley de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio se ha desarrollado delimitando, declarando y creando las áreas funcionales estables (AFE) formadas por los municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfoces. Este instrumento permite sinergias entre los grandes municipios y sus alfoces, haciendo posible una gestión más eficiente y coordinada de los recursos públicos en beneficio de las más de 1.600.000 personas que residen en estas localidades.

Defensa de la pervivencia de municipios y entidades locales menores

La Junta de Castilla y León ha defendido la pervivencia de los municipios frente a las indicaciones de los primeros textos de la ley de reforma local estatal –eliminación del “coste estándar” que condenaba a la desaparición, por insolvencia, de los municipios pequeños; mantenimiento de las competencias municipales en servicios sociales, y también en sanidad y educación hasta la aprobación de los nuevos modelos de financiación local y autonómico-. Además, la defensa de las entidades locales menores ha sido una constante en los planteamientos de la Junta de Castilla y León y se ha conseguido la ampliación de plazo de 3 meses a un año para que presentaran sus cuentas, financiando a las diputaciones provinciales de Burgos, León y Palencia servicios que facilitaran a las entidades locales el cumplimiento de sus obligaciones y prestándolas apoyo adicional a través del Consejo de Cuentas.

No menos determinante ha sido, en este tiempo, la aprobación -en marzo de 2014- de un Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la continuidad de los servicios públicos en la Comunidad, derivado de la entrada en vigor de la Ley de reforma local estatal. Gracias a ello, y como ejemplo, los más de 3.600 consultorios locales han podido seguir funcionando con normalidad. Los ayuntamientos y las diputaciones provinciales han podido seguir prestando a sus vecinos servicios como la ayuda a domicilio. Las 140 residencias y 8.000 plazas para personas mayores y personas con discapacidad titularidad de las corporaciones locales han podido seguir funcionando con normalidad y también los más de 130 centros de día, que atienden 1.000 personas mayores y con discapacidad.

Legislar para los más frágiles

Desde el inicio de legislatura, la Consejería de la Presidencia ha elaborado, impulsado y remitido a las Cortes de Castilla y León hasta 14 proyectos con fuerza de ley -una tercera parte de las leyes aprobadas en esta VIII Legislatura-; ocho han sido apoyadas por el principal grupo de la oposición y en otras tres se ha logrado su abstención, fruto del diálogo y la búsqueda de acuerdos. De Santiago-Juárez ha incidido, precisamente, en ese carácter social de cada iniciativa legislativa llevada a cabo: “Hemos legislado para los más frágiles: para los inmigrantes; para los emigrantes; para los habitantes de los pequeños municipios que veían amenazada la normal prestación de sus competencias en sanidad, educación o servicios sociales; y para que las entidades locales participen en los ingresos de la Comunidad, y puedan así mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”.

El consejero también ha hecho énfasis en cómo, desde el inicio de la legislatura, la Consejería de la Presidencia ha emprendido medidas para hacer una Administración más eficiente, austera y racional. A propuesta de esta consejería, el Consejo de Gobierno aprobó a comienzos de 2014 un conjunto de 65 medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad, que se tradujeron en el mes de septiembre de ese mismo año en una amplia reforma legislativa de 44 leyes a través de la Ley de medidas para la reforma de la Administración de la Comunidad. Ese amplio programa de actuaciones previstas –y ya en ejecución- contempla medidas institucionales, de reducción de duplicidades, de modernización administrativa y de reestructuración del sector público. Tales medidas generan un ahorro próximo a los 300 M€ y una reducción a la mitad de los 110 órganos existentes.

La reforma de las instituciones propias de la Comunidad –reducción de estructuras e incremento de funciones que conllevó un ahorro de 2,5 M€- y la contribución a la reducción del sector público –con la eliminación de una fundación dependiente de la Presidencia- han sido otros dos aspectos reseñables de las medidas adoptadas para la racionalización, la mejora de la eficacia y la eficiencia de la Administración autonómica.

Autonomismo útil y sostenible

El trabajo político desarrollado en el ámbito autonómico también afecta al mantenimiento, el seguimiento y la ampliación de los convenios de colaboración con otras comunidades autónomas, principalmente, limítrofes. A las reuniones de seguimiento y valoración de los convenios suscritos se sumó, en el año 2012, la firma de un nuevo protocolo general de colaboración con el País Vasco. El denominado como ‘autonomismo útil’ es fructífero, en ese sentido, pues la colaboración interterritorial se ha traducido en una cifra de 54.200 ciudadanos que han recibido servicios sanitarios, educativos o sociales, sin estar sometidos a las fronteras administrativas. En los últimos cuatro años, más de 26.000 pacientes de Castilla y León han sido atendidos en otras comunidades y nuestros servicios sanitarios han atendido a 17.000 ciudadanos de comunidades autónomas limítrofes. Casi 6.000 escolares de otras Comunidades han cursado estudios en Castilla y León y 1.200 alumnos de la Comunidad estudian en Comunidades limítrofes. Se han atendido 800 usuarios de otras regiones en nuestros Puntos de Encuentro Familiar. Se ha atendido a más de 1.400 personas con dependencia de otras Comunidades y 1.800 castellanos y leoneses han recibido tal prestación de servicio en Comunidades limítrofes. Y la coordinación de los servicios de urgencias y emergencias del 112 de todas las comunidades limítrofes ha permitido intercambiar casi 25.000 llamadas de emergencia y realizar 24 intervenciones de nuestro Grupo de Rescate en otros territorios.

La Macrorregión RESOE –a la que se incorporaron Asturias y la Región Centro de Portugal, en el mes de mayo de 2014- y el foro interterritorial para el cambio demográfico –impulsado por Castilla y León y en el que participan Galicia, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura- son dos muestras más del ejercicio responsable de colaboración entre gobiernos. La Macrorregión RESOE ha trabajado en estos últimos años en cuestiones trascendentales como el Corredor Atlántico, en tanto que eje de transporte europeo prioritario, o la conferencia de rectores universitarios. Castilla y León y las otras cinco comunidades que conforman la ‘alianza demográfica’ han elevado sus propuestas a las instituciones nacionales y europeas, por entender conjuntamente que las soluciones a estos retos trascienden el contexto autonómico individual. Así, Castilla y León y otras cinco comunidades autónomas estamos impulsando que el Gobierno de España apruebe una Estrategia nacional frente a los desafíos demográficos. Se ha conseguido incluir en la Estrategia de Acción Exterior del Gobierno de España el objetivo de promover un plan integral que aborde el problema demográfico europeo. De un modo más concreto, Castilla y León ha planteado en el Senado que en España se ponga en marcha un Sistema Nacional para la Conciliación Familiar.

De Santiago-Juárez ha aseverado que “la atención a los problemas demográficos es una responsabilidad que deben asumir todas las instancias: municipales, autonómicas, estatales y europeas, pues a todos afecta y todas deben contribuir, desde sus respectivas competencias, a hacer frente a unos retos que tienen impacto ahora, pero más aún a medio y largo plazo”. De hecho, cabe recordar que una parte de la financiación del Gobierno autonómico a las Entidades Locales está condicionada para la puesta en marcha de acciones relativas a los retos demográficos.

La acción de gobierno de la Junta de Castilla y León ha sido igualmente destacable en el ámbito europeo, mediante la labor desempeñada por la Delegación Permanente de Castilla y León en Bruselas. Las políticas comunitarias tienen una mayor y constante incidencia en el día a día de los ciudadanos; de ahí que la defensa de los intereses de Castilla y León resulte más determinante si cabe en Europa. Como muestra, el trabajo efectuado para llevar a Bruselas las necesidades de respuesta ante los desafíos demográficos ha sido constante: reuniones con autoridades europeas, incorporación de reivindicaciones al Acuerdo de Asociación de España y la Unión Europea, actividad dentro de la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos.

A este respecto, la Consejería de la Presidencia ha impulsado y coordinado las 170 medidas que en materia demográfica ha desarrollado el Gobierno Herrera –enmarcadas como Agenda para la Población-, si bien cada una ha sido abordada desde la consejería competente. El Consejo para la Población, celebrado en junio de 2014, respaldó la actualización de medidas, a partir de las propuestas de 150 entidades. Los colectivos sociales que inciden en mayor medida en la evolución demográfica - familias, jóvenes e inmigrantes- y el medio rural son los destinatarios prioritarios de las medidas.

El colectivo inmigrante es, tal y como se mencionaba con anterioridad, uno de los prioritarios por la Agenda para la Población. En Castilla y León residen cerca de 165.000 inmigrantes. Con el objetivo de favorecer su integración y facilitar el ejercicio de los derechos que les corresponden, la Consejería de la Presidencia promovió en 2013 la Ley de integración y el III Plan Estratégico de Inmigración y Convivencia intercultural. El Portal del inmigrante aglutina, dentro de la web corporativa de la Junta, las informaciones y servicios de interés para quien ha llegado a nuestra Comunidad; asimismo, y durante el periodo 2011-2015, la Presidencia ha financiado centros integrales de información, asesoramiento y formación y ha apoyado 180 proyectos en los que han participado un total de 160.000 inmigrantes.

La gestión de la Consejería de la Presidencia también ha mirado hacia fuera; especialmente, teniendo presente a los castellanos y leoneses en el exterior y la necesaria cooperación al desarrollo de los países empobrecidos. Por un lado, la Ley de Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior y el II Plan Estratégico aprobadas esta legislatura contribuyen a mejorar la calidad de vida de los emigrantes, especialmente con aquellos que se hallan en situación de emergencia social. Por otro, la Cooperación al Desarrollo impulsada desde la Junta se ha plasmado en ayudas en 12 contextos de crisis humanitarias internacionales y 150 intervenciones de desarrollo, de las que se han beneficiado casi 1,4 millones de personas de 26 países.

Inaplazable regeneración democrática: Ley de Transparencia y Participación Ciudadana

En el discurso de investidura de la VIII Legislatura, el presidente Herrera se comprometió a que su acción de gobierno diaria se regiría por el cumplimiento de cuatro principios: la austeridad, la eficiencia, la transparencia y la participación. Precisamente estos dos últimos son los que han sido bases fundamentales para la creación y consolidación del Modelo de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León, aprobado por Acuerdo de Junta el 8 de marzo de 2012.

El proyecto comenzó con la habilitación de un Portal de Datos Abiertos, que hoy tiene más de 170 conjuntos de datos a disposición de particulares y empresas y que ha prestado servicio a más de 45.000 ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen acceso a la información más relevante del Gobierno de la Comunidad desde la web de la Junta: información contable, presupuestaria, contratos, subvenciones, sobre el patrimonio de los miembros del Gobierno, sueldo de los altos cargos etc. Más de 22.000 personas han consultado esta información.

Desde junio de 2012 los castellanos y leoneses tienen a su disposición los textos de los anteproyectos de ley, proyectos de decreto, planes y programas para hacer aportaciones, valorar las de otros usuarios o, simplemente, conocerlos antes de su aprobación -más de 40.000 ciudadanos han participado en alguno de los 150 foros de participación abiertos-. A este respecto, conviene recordar el compromiso adquirido por la Junta de Castilla y León: contestar a todas personas que formulen aportaciones. Y estamos presentes en las principales redes sociales, con un listado de perfiles asociados al Modelo de Gobierno Abierto, y que suman unos 125.000 seguidores en Twitter y 90.000 en Facebook.

La consolidación del proyecto ha estado acompañada de diversos reconocimientos y distinciones. En 2013, el premio ‘Proyecto referente en Participación y Gobiernos Abiertos en las Administraciones Públicas’ ; en 2014, la Organización Transparencia Internacional valoró la transparencia de la Junta de Castilla y León con la máxima calificación, un 10; y en 2015 la OKFN (Fundación Conocimiento Abierto) lo ha premiado como ‘Mejor iniciativa pública de Open Data con implicación de la ciudadanía’.

Todos estos pasos dados se vieron culminados con la aprobación, en marzo de este año, de la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, que implica la elevación a rango de derechos algunos de los compromisos fijados por el Gobierno Herrera.

La Ley impone al Gobierno autonómico y a su sector público nuevas obligaciones de transparencia por encima de las que ya establece la ley estatal -los ciudadanos podrán conocer el gasto en publicidad institucional, el número de vehículos oficiales o los inmuebles titularidad de la Administración y sus arrendamientos, entre otras cuestiones-. Esta norma amplía las actuales obligaciones de los altos cargos -desde su aprobación deben presentar anualmente las declaraciones del IRPF o realizar declaración notarial de bienes no solo cuando acceden al cargo sino también al abandonarlo- y eleva a rango de ley el derecho de participación ciudadana en la elaboración de las disposiciones normativas.

Al respecto de la participación ciudadana, esta ley obliga al Gobierno de la Comunidad a publicar -y no exclusivamente por un compromiso voluntario- los anteproyectos de ley, proyectos de decreto, planes, estrategias o programas para que los ciudadanos los conozcan y formulen sus sugerencias, así como que todas las aportaciones y las contestaciones a estas sean públicas.

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