A su juicio, la reforma se plantea como un gran golpe a las economías familiares, que verán mermar su poder adquisitivo en un momento crucial para la salida de la crisis, “cuestión que, de hecho, ya empieza a preocupar a Europa, consciente de que esa salida tendrá que venir de la mano de la normalización del consumo interno. Evidentemente, reducir los recursos económicos de la población en base a un sector básico como este, no parece que sea el camino adecuado”.
Además, medidas como la posible reducción de los usuarios susceptibles de utilizar la Tarifa de Último Recurso (TUR), parecen querer encaminar a los ciudadanos hacia un mercado libre de la electricidad que carece de la transparencia y la competencia adecuadas, ofreciendo en la actualidad precios más caros que los de la tarifa regulada, una anomalía contra la que parece que no se quiere luchar. Por otra parte, tampoco se tiene en cuenta la transposición europea sobre el “consumidor vulnerable”.
Cecu insiste una vez más en la necesidad de que se realicen reuniones en profundidad en las que estén presentes todos los afectados en esta situación “y, entre ellos, evidentemente, los representantes de los consumidores, de forma que se puedan obtener respuestas claras a aspectos como la opacidad en la formación de precios, la realidad del déficit de tarifa, la falta de competencia en el sector o la necesaria implantación de las redes inteligentes, que permitirían a los usuarios disfrutar de tarifas de discriminación horaria”.
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