Multa por pactar precios de la renovación del carné de conducir

Multa por pactar precios de la renovación del carné de conducir

El Servicio para la Defensa de la Competencia de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta ha sancionado a siete de los ocho centros de reconocimiento médico que en la capital leonesa expiden certificados para la renovación del carné de conducir y otros permisos por haber pactado un precio de 106,9 euros, que duplica el coste del mismo documento tanto en el resto de la provincia como en otras capitales de la Comunidad autónoma, como denunció en un reportaje ileon.com el pasado mes de febrero.

Después de las correspondientes alegaciones de los afectados, se les comunicó que la Resolución es definitiva y que contra la misma no cabe recurso administrativo alguno, aunque sí se puede interponer un recurso contencioso-administrativo antes el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para lo que todavía disponen de plazo suficiente.

La multa impuesta a los centros es, según los datos a los que ha tenido acceso Ical, proporcional a la actividad reciente registrada en los mismos y oscila entre los 720 euros para el que menos certificados emitió y los 8.947 que deberá abonar el que más clientes contabilizó.

La resolución de la Junta considera probada la existencia de una conducta prohibida por la Ley de Defensa de la Competencia, consistente en aplicar una política de precios concertada "que está suponiendo el establecimiento de un fijación de los precios de los servicios ofrecidos por siete de los ocho centros de reconocimiento que operan en León capital".

Además, se ordena a las empresas sancionadas que cesen de inmediato en esa conducta prohibida y se abstengan de realizar dicha concertación de precios en el futuro. También se insta al Servicio de Defensa de la Competencia a que vigile el cumplimiento de la Resolución e informe de ello al Tribunal de Defensa de la Competencia.

Mucho más caros

La Resolución que detemina las sanciones recoge que el Reglamento de Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores (CRC) establece que los precios son libres y que dichos centros pueden gestionar ante la Jefatura Provincial de Tráfico la prórroga de vigencia de los permisos o licencias, en cuyo caso deberán cobrar al ciudadano la tasa regulada en la Ley, que en el Presupuesto General del Estado de 2014 y para los casos de vigencia de la prórroga durante diez años quedó establecida en 23,20 euros.

Los centros de la capital leonesa cuadruplicaron ese precio 'mínimo' y establecieron un coste de 106,90 euros. Así consta en el informe emitido por la Junta, que señala que a pesar de la igualdad de estructura y costes con los que operan los CRC, en León capital "se aplica un precio por estos servicios muy superior a la media de otros ámbitos territoriales.

También expone la Resolución que los centros sancionados, al haber prácticamente eliminado una política competitiva, han perdudicado a los usuarios, que se han visto obligados a abonar por unos servicios cantidades muy superiores a lo que se paga en la provincia y en la Comunidad.

En concreto, se aportan los datos que reflejan que la media de coste de la renovación del permiso de conducir A, B y B+E y E durante diez años en la provincia leonesa (donde hace 11 centros que realizan esa labor) es de 46 euros, en Zamora de 55 y en Valladolid, 50, es decir, menos de la mitad que en León capital.

Los siete centros expedientados suponen el 87,5 por ciento de los que operan en la ciudad y el 36,8 por ciento de los autorizados entre León y provincia y en el año 2013 -según los datos más recientes recogidos de la Memoria del Ministerio del Interior- emitieron 22.571 cerficicados de reconocimiento destinados a la obtención o prórroga de los permisos en sus distintas variantes de los 40.222 contabilizados en  toda la provincia, lo que supuso el 56,1 por ciento.

La denuncia

La actuación de la Junta estuvo motivada por la denuncia presentada en el Registro de la Consejería de Economía y Empleo por varios vecinos de la capital leonesa que constataron que las empresas habían pactado un precio que consideraban abusivo y entendiendo que su implantación se hacía con el beneplácito de la Jefatura Provincial de la Dirección General de Tráfico de León, organismo que informaba de que ese precio era algo oficial, una tasa, cuando la tasa oficial real ronda los 23 euros.

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