El salón de grados de la Facultad de Derecho ha acogido este viernes un acto en el que veinticinco profesores de de Economía Aplicada y Derecho del Trabajo y Seguridad Social han firmado y se han adherido públicamente al manifiesto elaborado conjuntamente por la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). En este acto han hecho público el manifiesto, y se llevó a cabo la firma por parte de todos los profesores y catedráticos que han decidido dar su apoyo.
En concreto, se trata de Wilfredo Sanguineti Raymond, Carlos Palomeque López, Enrique Cabero Morán, Ascensión García Trascasas, Jesús Baz Rodriguez, Pedro González Caballo, Alfredo Pérez Alencart, Justo Reguero Celada, María Luisa Martín Hernández, José Antonio Baz Tejedor, Rosa María Morato García, Julio Cordero González, Juan Bautista Vivero Serrano, Encarnación Pérez Álvarez, Teodoro Andrés López, Milagros Brezmes Nieto, Rafael Sastre Ibarreche, Pura Morgado Panadero, Felipe Rodriguéz Cascón, Percy Alarcón Bravo de Rueda, Eduardo Martín Puebla y Rafael Muñoz de Bustillo Llorente del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social; y Francisco Javier Braña Pino, Pedro Calero Pérez y Luis Melero Marcos, del Departamento de Economía Aplicada.
¡AHORA! SALARIO DIGNO Y EMPLEO CON DERECHOS
Las políticas de bajadas de salarios y de recortes en los derechos laborales, se han planteado como una herramienta de devaluación interna, bajo la justificación de que éstas conllevarían una mejora de la competitividad de nuestra economía, y con ello un impulso en los agregados macroeconómicos relacionados con el crecimiento y en consecuencia, entre otros, del empleo.
Dichos planteamientos, que sus defensores los justifican sobre la base de un supuesto aumento del empleo, del ingreso de las familias, del consumo y con ello la tan deseada recuperación económica, no se asientan en el conocimiento científico sino en ideas equivocadas o peor incluso, en intereses alejados del interés general, porque no existe evidencia empírica que permita sostener que la depresión de los salarios sea la manera de salir de una recesión provocada por una crisis financiera cuya causa fundamental es el endeudamiento del sector privado, en particular de la banca.
Cuando se ha comenzado a hablar de la recuperación económica, tras arrastrar en el periodo de crisis de los últimos años la recesión y perdida de bienestar más grave que ha conocido esta generación, todas las miradas se han dirigido hacia el papel que el consumo interno y la inversión pública deben desempeñar para poder superar de manera efectiva y real un periodo tan negativo, existiendo un amplio consenso acerca de que por importante que pueda ser el papel del sector exterior, como apoyo o sustento de la citada recuperación, sin un despegue real y consolidado del consumo interno, el efecto de las exportaciones, sería claramente insuficiente.
El ataque a los salarios se ha desarrollado en todos los frentes: ha afectado al salario directo (importantes reducciones salariales a los empleados públicos, descenso continuado en los salarios en el sector privado, al que ha contribuido de forma muy determinante la reforma laboral y sus consecuencias en la calidad del empleo, congelación del SMI, etc). Pero los recortes también han afectado al salario indirecto que se percibe a través de servicios públicos como la sanidad y la educación o a las políticas públicas de rentas como son las prestaciones por desempleo. Y por último, también han afectado al salario diferido mediante las reformas a que se ha sometido el sistema público de pensiones.
Tras cinco años de recortes de derechos, la realidad demuestra que las expectativas acerca de los resultados de tales medidas, no sólo no se han visto satisfechas, sino que han generado un deterioro social y una reducción del bienestar que se ha concentrado en los escalones menos favorecidos de la sociedad. Dichas medidas, lejos de solucionarlos, han agravado los principales problemas de la economía española, incrementando además la desigualdad social. Esto se ha debido a que desde hace unos años la participación de las rentas empresariales (excedentes de explotación) en el PIB de la economía española ha superado a la remuneración conjunta de todos los asalariados. Y también a que la degradación del mercado laboral ha abierto el abanico salarial, ensanchando en las empresas la diferencia entre los salarios más altos y los más bajos (89,25 veces de media en las empresas del IBEX 35).
En estas condiciones, ni siquiera el acceso al empleo es garantía de disponer de una renta digna; la figura del trabajador pobre, que a pesar de tener unos ingresos más o menos regulares, no consigue cubrir las necesidades de su familia, es una realidad en España con perspectivas de quedarse enraizada en nuestra sociedad.
? Desde el tercer trimestre de 2010, la población activa de Castilla y León se ha reducido en casi 43.000 personas, los ocupados en cerca de 85.000 y los parados han aumentado en 42.300, pasando de 183.700 a 226.000 en el tercer trimestre de 2014. La tasa de paro pasó de un ya alarmante 15,20% al crítico 19,40% actual.
? Si los niveles de desempleo en España y en la Comunidad son inadmisibles, la devaluación y el fomento de empleos de baja calidad, conllevan un agravamiento de la precarización del mercado de trabajo como pone de manifiesto la Encuesta Anual de Estructura Salarial. Eso supone que en España hay más de 2.150.000 trabajadores con un salario inferior a 645,30? al mes. La figura del pobre con trabajo se suma a la del desempleado para dejar un panorama desolador. No sucede lo mismo con la parte más favorecida del mercado laboral, ya que el porcentaje de trabajadores que percibían retribuciones por encima de 6 veces el SMI pasa del 4,37% en 2008 al 5,6% en 2012, lo que supone un incremento de más del 28% durante el periodo considerado.
? En España, de algo más de dos millones trescientos sesenta y un mil trabajadores a tiempo parcial en el tercer trimestre de 2010, pasamos a más de dos millones seiscientos veinticuatro mil. De 11.724.100 indefinidos a 10.861.100. En Castilla y León, los ocupados parciales han pasado de 133.100 a 145.000 (del 13% al 15,4% del total de ocupados). Mientras que los trabajadores con contrato indefinido se han reducido de 633.300 a 564.500. Ambos datos reflejan claramente la precarización creciente de la actividad, con el impacto que ello genera, sobre los ingresos reales de la mayoría de hogares.
? El porcentaje de asalariados y asalariadas que ganan una cantidad igual o inferior al salario mínimo interprofesional se ha duplicado desde 2004, alcanzando al 12% de toda la población trabajadora de España, a pesar de las sucesivas congelaciones que el SMI y en consecuencia el IPREM vienen sufriendo desde 2010.
¿Y todo ello con que resultado? Conforme a los datos de EUROSTAT, el consumo de las familias en España fue de 622.368 millones de Euros en 2008, en 2013 bajó hasta los 606.096 m/?, esto es, 16.000 m/? menos en términos nominales. Si tenemos presente que el gasto en consumo privado representa cerca del 60% del PIB, si la mayor parte de la carga de la crisis se hace recaer sobre los salarios, y dentro de estos, especialmente sobre los más bajos, el impacto a medio plazo sobre el consumo puede ser devastador, además de explicar la caída del PIB. Si continúa la devaluación salarial, perseverará el impacto negativo sobre el crecimiento, sin que parezca que el prometido tirón exportador aparezca por ningún lado.
Actuar contra los salarios es un atentado a la cohesión social y una medicina errónea para la recuperación económica. Los salarios sostienen la demanda, y si las empresas no tienen expectativas de vender lo que producen no llevarán a cabo inversiones. Con un consumo privado debilitado, un sector empresarial con escasas expectativas de inversión y un gasto público sujeto a drásticos recortes, se concede a las exportaciones el papel de ser el único componente de la demanda agregada capaz de tirar de la recuperación económica. Pero en un contexto europeo de recesión que limita las posibilidades de crecimiento de nuestras exportaciones, esta estrategia es, además de muy costosa socialmente, un auténtico disparate. Los hechos se han encargado de corroborarlo.
La absoluta falta de equidad de las medidas de las que aquí hablamos no puede justificarse en argumentos de eficiencia, ya que estos no se producen, a la luz de los datos ofrecidos por las principales agencias estadísticas. Porque una sociedad más justa no solamente mejora el bienestar de los menos favorecidos, sino el de la totalidad de la misma. Porque ningún tratado de Economía define la libre competencia y las reglas de mercado como un mecanismo que reparte los beneficios entre los privilegiados y socializa las pérdidas entre los trabajadores con menos ingresos, la política salarial que viene practicando este gobierno, no sólo se revela como tremendamente injusta, sino también, como absolutamente ineficaz.
Quienes suscribimos este manifiesto afirmamos con la rotundidad que nos permite nuestro conocimiento científico que las políticas de devaluación salarial son políticas erróneas sin base sólida en la ciencia económica, que impiden la recuperación de la economía y producen un sufrimiento social innecesario en beneficio de unos pocos, con el objetivo de reformular un nuevo orden social.
Defender un salario digno y un empleo con derechos es la forma de luchar contra la inseguridad y la precariedad que imponen quienes pretenden transformar la sociedad en un mercado.
Por ello, exigimos, tanto al actual gobierno, como a los que pudieran salir de los próximos procesos electorales, un cambio en la política salarial y en la política con mayúsculas. Entendemos que la corrección del déficit, así como de otros desequilibrios debe partir de un sistema tributario verdaderamente progresivo, tal y como manda el artículo 31 de la CE, y no del sacrificio de los estratos más vulnerables de la sociedad.
Firmamos éste manifiesto en Defensa de la Dignidad de los salarios y de la equidad en la distribución de las cargas y nos adherimos a las acciones propuestas, en defensa de este objetivo, por los sindicatos mayoritarios de Castilla y León.
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