El texto de manifiesto recoge varios puntos aprobados por unanimidad:
1.- La concentración y firma de un generoso Pacto de Estado para que todos, incluidos también consumidores y usuarios, sean escuchados.
2.- Potenciar la independencia de los jueces y el buen gobierno del Consejo General del Poder Judicial, así como la Fiscalía autónoma y una Abogacía libre e independiente.
3.- La participación real y efectiva de todos los operadores jurídicos en la confección de los borradores de anteproyectos de ley o normativa de desarrollo legislativo.
4.- Ante las afecciones al Estado de Derecho piden la inmediata retirada del proyecto de Ley de Tasas, que divide la justicia entre ricos y pobres, impidiendo el acceso a un gran número de ciudadanos.
5.- Retirada inmediata del borrador del anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial.
6.- Actualización de la regulación contenida en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, adecuándola a la situación actual manteniendo el modelo y atendiendo puntualmente y en todo caso los pagos de las prestaciones realizadas.
7.- Dotaciones adecuadas para el buen funcionamiento tanto de la mediación como del arbitraje como formas de solución de conflictos injustas e indignas.
8.- Potenciar y dotar adecuadamente los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, procediendo de inmediato a elaborar las modificaciones legislativas pertinentes para superar el cúmulo de imprevisiones, errores y omisiones, abusos o fraudes que han venido sucediendo.
9.- Acabar con las deficiencias organizativas y sobrecarga de trabajo en Juzgados y Tribunales que impiden la conciliación de la vida profesional y familiar.
10.- Mejorar permanentemente el servicio a los justiciables con aplicación de la carta de los derechos de los ciudadanos aprobada por unanimidad por todos los Partidos políticos del arco parlamentario el día 16 de abril de 2002.
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