PARTIDO POPULAR
- Aprobaremos una ley básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que garantice, con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes, y nos permita avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos en el ámbito social.
- Avanzaremos en una mayor armonización del Sistema de Servicios Sociales para alcanzar una mayor cohesión, calidad y equidad en toda la Nación, dotando de carácter vinculante a las decisiones del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
- Fomentaremos una mayor coordinación de los sistemas de ayudas para la erradicación de la exclusión social y la pobreza, intensificando la cooperación de la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
- Pondremos en marcha una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, con especial atención a los jóvenes y a los casos crónicos.
- Estableceremos mecanismos de colaboración para la atención específica y el apoyo a niños escolarizados procedentes de familias en situación de riesgo o de vulnerabilidad.
- Garantizaremos a las entidades del Tercer Sector de ámbito estatal el ejercicio de sus funciones en todo el territorio nacional, a través del 0,7% del IRPF.
- Avanzaremos en una mayor calidad y transparencia de los Servicios Sociales e impulsaremos la elaboración de una clasificación de los centros y servicios sociales atendiendo a la calidad y satisfacción de los usuarios.
- Promoveremos la creación de una Oficina de Innovación Social, que coordine las oficinas locales ya existentes para estimular un mayor intercambio de conocimiento y puesta en común de buenas prácticas entre las distintas administraciones, como mecanismo para incentivar la innovación, la evaluación y la mejora de nuestros servicios sociales.
- Desarrollaremos unos servicios sociales más cercanos, con una mejor implantación territorial y una cartera de servicios integral que ofrezca información, orientación y valoración profesional para cada situación. Impulsaremos la difusión de buenas prácticas en calidad y buen uso de los servicios sociales en el marco del Catálogo de Referencia de Servicios Sociales.
- Pondremos en marcha herramientas que permitan conocer las dinámicas de exclusión territorial, con el objetivo de anticiparnos a ellas, reducir sus efectos y abordarlas adecuadamente.
- Aprobaremos un nuevo Plan de Inclusión Social 2016-2020, que avance en la necesidad de dar respuesta a las situaciones de desigualdad, exclusión social y pobreza, de acuerdo con todos los agentes políticos, sociales y económicos implicados. Impulsaremos el desarrollo de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 con medidas específicas en materia de salud, educación, vivienda y empleo necesarias para el desarrollo específico de la población gitana.
- Combatiremos las posibles situaciones de riesgo de exclusión social, con programas de apoyo y acompañamiento personalizados para desempleados de larga duración en los que colaboren todas las administraciones implicadas.
- Continuaremos adaptando las políticas activas de empleo a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad.
- Desarrollaremos, en colaboración con el Tercer Sector de Acción Social, programas de acceso al empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social que combinen actividades de información, orientación, asesoramiento, formación, y conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, práctica laboral e itinerario personalizado de acompañamiento y seguimiento en el proceso de inserción laboral, y establezcan estructuras-puente, como las empresas de inserción en el mercado de trabajo.
- Avanzaremos en el diseño de sistemas de ?ventanilla única? de empleo y servicios sociales con el objeto de ofrecer una atención integral a las personas en situación de vulnerabilidad.
- Fomentaremos medidas de regularización y normalización de las actividades profesionales no declaradas, como la recogida de residuos sólidos, prestando especial atención a la venta ambulante.
- Pondremos en marcha nuevos programas de acceso al autoempleo para personas en situación o en riesgo de exclusión social, contando para tal fin con el Tercer Sector de Acción Social.
- Apoyaremos el emprendimiento laboral, a través de la creación de dispositivos de formación específica para el autoempleo y gestión de la empresa.
- Fomentaremos el empleo autónomo de personas con dificultades de acceso al empleo como socios trabajadores en las cooperativas y sociedades laborales.
- Continuaremos impulsando la contratación pública socialmente responsable. Coordinaremos los criterios de las Rentas Mínimas de Inserción de las distintas Comunidades Autónomas para favorecer la igualdad de oportunidades y estableceremos sistemas de colaboración entre las distintas administraciones autonómicas para que los perceptores de las mismas puedan cambiar de residencia sin perder su prestación.
- Elaboraremos un mapa común que facilite el acceso y la transparencia de la información sobre los recursos existentes.
- Desarrollaremos medidas específicas de acompañamiento social dirigidas a personas en situación de exclusión social para la adquisición de habilidades residenciales y de convivencia en el acceso a una vivienda normalizada.
- Mantendremos las medidas en el ámbito financiero que han servido para dar protección a los deudores en situación de especial vulnerabilidad durante el tiempo necesario para amortiguar los efectos de la crisis económica en estos hogares.
- Impulsaremos programas de pisos de inserción social que ofrezcan un alojamiento temporal y apoyo a las personas más vulnerables durante su proceso de inserción.
- Fomentaremos la educación financiera, tanto en su vertiente preventiva, a través de la educación formal u otras herramientas de formación, como en la vertiente reparadora, mediante la orientación y asesoramiento técnico a familias sobreendeudadas.
PARTIDO SOCIALISTA
- Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado del Bienestar, incorporando a la Constitución el derecho de los ciudadanos a acceder a servicios sociales que proporcionen una protección adecuada a toda la ciudadanía.
- Aprobar, de acuerdo con las CCAA y las corporaciones locales, una Ley marco de Servicios Sociales de ámbito estatal que fije normativamente los elementos básicos relativos al Sistema Público de Servicios Sociales, asegurando unos Servicios Sociales Universales y Sostenibles.
- Relanzar y reforzar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales desde la AGE para consolidar las estructuras de los Servicios Sociales de Atención Primaria, así como sus funciones y prestaciones básicas. De forma que garanticen iguales derechos para toda la ciudadanía.
- Derogar la recientemente aprobada Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
- Aprobar un Plan Integral de Inclusión Social para la erradicación de la pobreza y la exclusión social que integre políticas económicas y sociales sostenibles en las Estrategias de Desarrollo Humano.
- Promover un acuerdo entre todas las Administraciones para, de manera urgente, acometer medidas que contribuyan a paliar los efectos más graves de la crisis en materia de vivienda, agua, alimentación y energía, especialmente en aquellas familias que carecen de cualquier tipo de ingreso, centrándose especialmente en aquellas en las que haya menores y personas con discapacidad.
- Elaborar una Estrategia para la Inclusión de Personas sin Hogar, que incluya un Plan específico de Atención a Jóvenes Extutelados que aborde la formación, la vivienda y la prestación que evite el riesgo de exclusión social.
- Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, la mejora de la calidad y cobertura de los servicios sociales, incluidos los centros residenciales.
- Profundizar en la formación y especialización de los profesionales en los servicios sociales, reforzando la formación continuada; desarrollando un modelo retributivo que reconozca la calidad asistencial; fomentando la autonomía de gestión; implantando la evaluación y acreditación periódica.
- Potenciar la generación de una comunidad científica que aporte nuevo conocimiento para la sociedad, apostando por la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación a la promoción de la autonomía personal.
- Crear una alianza con el Tercer Sector para seguir el desarrollo de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.
- Mantener un diálogo permanente con las entidades de la sociedad civil y las personas usuarias de los Servicios Sociales.
- Transponer con carácter urgente la Directiva Europea sobre Contratación Pública, en la que se destacan los servicios sociales como sometidos a un régimen de contratación particular.
- Recuperar los principios inspiradores de la Ley para el adecuado cumplimiento de sus objetivos. Modificar la Ley para incluir la eliminación de las medidas incorporadas en la actual legislatura, suprimir las restricciones incorporadas en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, garantizando el acceso con carácter universal, con equidad mediante derecho en el sistema público de servicios sociales, que se han visto gravemente afectadas.
- Derogar el incremento del copago introducido en esta legislatura.
- Reeditar el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), enmarcado en un sistema sanitario y social de carácter público.
- Abordar el consumo del alcohol en menores de edad, en coordinación con las Comunidades Autónomas, partiendo del consenso social, desde la sensibilización comunitaria, implicando a las asociaciones juveniles y al sistema educativo en sus diferentes etapas.
- Promover el debate con participación de todos los actores implicados para abordar la situación del consumo de cannabis en nuestro país y participar en los organismos internacionales que estudien la modificación de la Estrategia UNGASS para conocer las líneas generales de un posible consenso internacional sobre el cannabis.
CIUDADANOS
- Beneficiar a las personas en especiales circunstancias de emergencia social con la expropiación forzosa a la entidad financiera del uso de la vivienda durante un plazo máximo de tres años, a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano competente.
- Proteger a los a los niños y las familias frente a desahucios y desalojos. Favorecer la reestructuración de la deuda hipotecaria de las familias, con especial prioridad las numerosas, monoparentales y con personas con discapacidad.
- Garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas dentro de un sistema moderno y sostenible. La adaptación del sistema de pensiones al nuevo escenario demográfico y socioeconómico debe garantizar pensiones económicamente adecuadas.
- El sistema debe ser transparente, en el que los individuos sepan en todo momento la magnitud de la pensión con la que pueden contar en el momento de su jubilación y que permita a cada persona decidir libremente a qué edad jubilarse y qué pensión le corresponde a tal edad.
- Promover una política común europea para la regulación de los flujos migratorios internacionales fundamentada en el respeto de la Convención Europea de Derechos Humanos, la protección de las fronteras exteriores, el principio de solidaridad y la libre circulación de los ciudadanos europeos y residentes permanentes en el seno de la Unión Europea.
- Reformar la ley de extranjería para evitar las expulsiones ?en caliente? que impidan el derecho de asilo. Se reformará el actual examen de conocimientos constitucionales y socioculturales para el acceso a la nacionalidad española. Se reformará la organización y funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros para garantizar los derechos fundamentales de los internos y agilizar la tramitación administrativa que resuelva su estatus en España.
- Crear un Plan Nacional de Dependencia siendo éste el pilar básico de la política nacional del partido en esta área, que desarrolle las medidas que sean necesarias para que las personas dependientes, así como los trabajadores del sector.
- Estableceremos una reducción drástica de los plazos de acceso, simplificando y agilizando el proceso de obtención las prestaciones por dependencia.
PODEMOS
- Garantizaremos a través de una ley estatal que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a un catálogo de servicios sociales mínimo y común, independientemente de la comunidad autónoma donde residan. La Cartera Estatal de Servicios Sociales Garantizados, unos servicios sociales que introduciremos en la Constitución para garantizarlos, conllevará también la puesta en marcha de políticas activas de coordinación intersectorial (sanidad, vivienda, empleo, educación y justicia) que se dise- ñarán desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con los responsables autonómicos y municipales implicados.
- Un centro de servicios sociales por cada veinte mil habitantes. Garantizaremos la prestación de servicios sociales públicos de proximidad para toda la ciudadanía. Toda la ciudadanía 111 tendrá acceso universal y gratuito a un centro de servicios sociales compuesto por un trabajador o una trabajadora social, un educador o una educadora social y un psicólogo o una psicóloga. Promoveremos la gestión municipal de los equipos de servicios sociales.
- Dotación estatal de 85 millones de euros para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en corporaciones municipales. Recuperaremos el nivel de crédito estatal para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales para la financiación de corporaciones municipales a los montos de gasto de 2011, con el fin de revertir los sucesivos recortes aplicados desde entonces hasta 2015.
- Activaremos la «incorporación sociolaboral» a los proyectos financiados por este Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, tal y como establece el Programa Operativo del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas (FEAD), 2014-2020, de la Unión Europea.
- Adecuación de los recursos humanos y materiales de los servicios sociales públicos a la demanda real existente. Con el fin de reducir de manera paulatina y continua la externalización de los servicios sociales y de poner fin a su privatización encubierta, las administraciones públicas darán cuenta con una periodicidad anual de los servicios sociales asumidos por entidades privadas. Solo cuando las administraciones públicas no estén en condiciones de asumir la prestación de servicios sociales garantizando su calidad y accesibilidad, contemplaremos su externalización. En tales casos, se priorizará la concertación y el convenio con las entidades de la economía colaborativa, social y del bien común.
- Creación del Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales Crearemos el Instituto de Innovación e Investigación en Servicios Sociales, que tendrá como objetivos la evaluación de las políticas públicas en los servicios sociales y la formulación de propuestas de innovación y mejora. Trabajará de manera coordinada con todas las consejerías, direcciones generales y concejalías de servicios sociales del país, para formular propuestas de mejora e innovación de tipo específico o cooperativo.
- Crearemos la Ley del Fondo Estatal para la Accesibilidad Universal. Dicho fondo se nutrirá del 1% de lo que los Presupuestos Generales del Estado destinen anualmente a las inversiones de obras públicas e infraestructuras, nuevas tecnologías y sociedad de la información.
- Los trastornos del desarrollo o el riesgo de padecerlos son un problema de salud. Por tanto, todas las prestaciones de Atención/Intervención Temprana (A/IT) deben incluirse en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar su universalidad, gratuidad y calidad.
- A partir de un amplio consenso sociopolítico en busca de un pacto de Estado, proponemos integrar y superar las leyes actuales sobre dependencia, con el fin de atender la enorme diversidad de situaciones vitales (niños, adultos con proyectos de vida independiente, mayores, diversidad funcional física, sensorial, intelectual, etcétera).
- Dotaremos de recursos a la Administración para la aprobación y el despliegue de una ley orgánica que adapte el ordenamiento jurídico español a los valores, principios y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) en lo relativo a los aspectos aún no actualizados que se vinculan a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, la tutela judicial, la educación inclusiva y la libertad de las personas con diversidad funcional. De esta forma, se promocionarán, protegerán y ratificarán los derechos humanos y las libertades fundamentales de cualquier persona, independientemente de su naturaleza o condición.
- Promoveremos la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Diversidad Funcional que permita aumentar en un 50 % su tasa de actividad a lo largo de los cuatro años de la legislatura.
- Rehabilitación y fisioterapia continuadas gratuitas para las personas en situación de dependencia o diversidad funcional.
- Aumento y agilización de las prestaciones por material ortoprotésico.
IZQUIERDA UNIDA-UNIDAD POPULAR
- La primera medida ha de ser la de aumento del gasto social, al menos hasta equipararlo a la media europea y hasta alcanzar el 7% del PIB. El gasto que sea necesario porque sirva para atender necesidades sociales, gasto que además es intensivo en empleo y permite desarrollar las infraestructuras y los equipamientos que dan sustento a los diversos derechos y, asimismo, alcanzar una dotación presupuestaria suficiente para el desarrollo de la ley de dependencia. Aprobar una Carta Estatal de Servicios y Derechos Sociales para que se definan los derechos exigibles subjetivamente por los ciudadanos y que:
- Potencie y sustente Leyes Autonómicas dirigidas a alcanzar unos Servicios Sociales Municipales Universales, con un catálogo de servicios idóneos y garantizados, con financiación suficiente. Que atiendan las necesidades sociales de las personas desde la administración más próxima y conocedora de cada realidad territorial, aplicando principios de proximidad y subsidiaridad. Más aún en un marco de crisis donde millones de adultos y niños y niñas en situación de pobreza o alto riesgo, carecen de adecuada protección.
- Apoyando el cambio de aquellas leyes estatales y autonómicas que reducen los Servicios Sociales Municipales a un papel residual y asistencialista, negando las funciones esenciales de promoción social y protección de las personas más vulnerables, sustentadas en la proximidad y el conocimiento ciudadano desde lo local.
- Garantice derechos subjetivos de ciudadanía y facilite actualizar y modernizar unos Servicios Sociales, abiertos a una participación ciudadana accesible y sostenible.
- Contemple políticas y modelos de intervención en los que sean decisivas propuestas y actuaciones democrático-participativas de las organizaciones de la sociedad civil y su coordinación con las Administraciones Públicas.
- Priorice la responsabilidad y gestión pública sobre la privada, el interés público sobre el beneficio privado, que fije criterios de elección del sistema de gestión, defina los límites a las externalizaciones y asegure control y evaluación continuos.
UPYD
- Dependencia como política de la Seguridad Social. Modificación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para situarla dentro de las competencias del Estado en materia de Seguridad Social, a fin de asegurar una igualdad y equidad mínimas y la existencia de un único Sistema.
- Mejorar el sistema de Acogimiento Familiar de Menores armonizando la normativa de las CCAA en la materia en pro del interés superior del menor, con un sistema único de información de acogimientos/adopciones para todo el territorio nacional, con el fin de evitar la pérdida del vínculo familiar entre hermanos en procesos de acogimiento.
- Aseguramiento del sistema público de pensiones en cuanto a sostenibilidad económica como a su carácter público (frente a intentos de privatización que veremos en los próximos años). Reconocimiento de la figura del Asistente Personal con un perfil profesional y académico, y creación de Oficinas de Vida Independiente con financiación pública, gestionadas por el colectivo de personas con discapacidad.
- Garantía del derecho de accesibilidad plena en los procesos electorales y la Administración de Justicia para las personas con discapacidad.
- Plan Estratégico de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista y sus familias, garantizando la creación de más plazas en colegios e institutos así como la creación de colegios específicos suficientes en el trastorno del espectro autista en todo el territorio nacional.
- Plan Nacional de Atención a las Enfermedades Neurodegenerativas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, etc.) y sus cuidadores informales que aborde la necesaria intervención en el área sanitaria, social y de investigación.
- Reconocimiento de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica como enfermedades que, en sus cuadros más graves, pueden generar una incapacitación sociolaboral, favoreciendo los recursos necesarios para su investigación y estableciendo las medidas necesarias para su adecuado tratamiento terapéutico en los ámbitos biológico, psicológico y social.
- Modificar la legislación de contratos del sector público a fin de establecer la reserva de un porcentaje, con carácter de mínimo, de las licitaciones a favor de Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales.
- Fomentar la atención familiar de los mayores redefiniendo el concepto de ?familiar a cargo?, el régimen de deducciones fiscales y las ayudas directas. Tanto en el caso de personas mayores como de personas dependientes con discapacidad se elaborará un Plan de Permanencia en el Entorno que, con especial relevancia en el ámbito rural, facilite los recursos y servicios para que en la medida de lo posible las personas pueden permanecer en el mismo en caso de desaparición de la red familiar o de cuidado.
- Más plazas residenciales públicas de gestión directa y ampliación de la cobertura de centros de día, atención domiciliaria y teleasistencia.
- Plan Nacional de prevención y sensibilización contra la exclusión social, para el desarrollo de políticas preventivas que incidan sobre todo en los colectivos más vulnerables, como los niños, personas con discapacidad, personas sin hogar, inmigrantes o personas mayores. Desarrollo de un proyecto que incida en la necesidad de garantizar la plena igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de barrera.
- Plan Nacional de Aprovechamiento de Alimentos para reducir los excedentes de alimentos aptos para el consumo pero no para la comercialización; que estos excedentes sean entregados a organizaciones sociales y distribuidos entre las personas con más necesidades; y contribuir a concienciar a toda la cadena alimentaria, desde productores a consumidores, de la necesidad del consumo responsable y de la reducción del desperdicio de alimentos.
VOX
- Creación de los Centros de Apoyo a la Mujer (CAM) y Kiosko por la vida (KxV). Necesidad satisfecha: dar apoyo emocional, laboral, educativo, médico y económico para promover la continuación del embarazo, antes y después de dar a luz.
- Creación de la figura de la Asistente en Derechos de la Mujer. Necesidad satisfecha: Disponer de profesionales especializados, más allá de las asistentes sociales, en la problemática de la mujer embarazada.
- Creación del Instituto de la Maternidad. Necesidad satisfecha: Análisis de la problemática de la maternidad a partir de datos fiables, actualizados y contrastados.
- Plan de Racionalización y Calidad de la Asistencia en abortorios. Necesidad satisfecha: Garantizar que los abortorios cumplen con la legislación laboral, económica, fiscal y médica.
- Plan de Prevención y Concienciación Social sobre el Drama del Aborto. Necesidad satisfecha: dar a conocer el drama del aborto de la misma manera que se ha hecho con otras problemáticas sociales (violencia doméstica, consumo de drogas, accidentes de tráfico)
- Ayudas directas a la madre/padre. VOX propone cubrir los costes del bebé durante los primeros 2 años de vida, también en caso de adopción.
- Defensa de la familia natural. Los poderes públicos han de tributar la consideración que merece a la familia natural, es decir, la formada entre hombre y mujer. Ningún otro tipo de unión será equiparada a la de dicha familia, ya que se protegerá el derecho de los niños a tener un padre y una madre, sin perjuicio de la regulación que se quiera hacer de otras realidades de convivencia.
- Protección de la infancia. Asimismo, han de ser respetados y protegidos los derechos de la infancia, hoy frecuentemente escarnecidos en los medios privados y públicos. Los menores tienen derecho a ser educados en la forma en que sus padres decidan, de acuerdo a las creencias o preferencia familiares.
- Reforma de la Ley para casos de discapacidad. Actualmente las familias en que uno de los conyugues sufra un caso de discapacidad Psíquica se encuentra en total desamparo, automáticamente los servicios sociales pueden ordenar retirada delos menores sin tutela de un juez, los juicios tardan de dos a tres años en celebrarse. Es estado debería facilitar los medios para que los menores permanezcan en el ámbito familiar al cuidado de su familiar más cercano.
- Velar con especial atención a las familias numerosas en las que uno de los dos cónyuges o los dos, estén en paro. Si se necesita recibir el ?subsidio? por desempleo (después de la prestación por desempleo), que éste tenga en cuenta la familia que hay detrás y el número de miembros.
- Las familias de las personas con discapacidad recibirán integradamente en el centro escolar todos los recursos sanitariosy de servicios sociales que hagan real esa educación inclusiva.
- Necesidades especiales y educación: favorecer el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, que les permita desarrollar todas sus capacidades y su integración en el medio escolar del modo adecuado a sus necesidades.
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