Los concejales de Izquierda Unida en Santa Marta de Tormes desvelaron este viernes parte del origen del dinero que el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes mantiene bloqueado desde hace varios años procedente de la venta de parcelas de la urbanización Atyka. Uno de los compradores de esos terrenos es Manuel Borrego, quien fuera responsable del área de Fomento de la Diputación, apartado de sus funciones desde hace caso un mes al advertir la institución provincial presuntas irregularidades en su labor.
Los concejales transtormesinos precisaron que fue al preguntar por el destino de ese dinero el pasado mes de julio por lo que fueron desalojados del pleno municipal y explicaron que, en su origen, los terrenos se dividían en dos parcelas que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.
Al ver que la venta se dilataba ante la falta de ofertas el Ayuntamiento decidió dividirlas en ocho partes, dos de las cuales fueron vendidas a particulares para construir vivienda libre. El destino de las otras seis, de las que según IU se esperaba lograr un beneficio de un millón de euros, está en manos de la justicia porque la formación opositora recurrió al considerar que se estaba vulnerando la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
Izquierda Unida aclara que no se puede hablar de trato de favor. Revela, además, que intentó que el Ayuntamiento no concediera la licencia de obra antes de empezar a construir la vivienda, de 323 metros cuadrados habitables. Sin embargo, se rechazó ese extremo al considerar ?peyorativo y malintencionado hablar de vivienda de lujo? e inviable por no perjudicar a quien ya había pagado por el terreno y al que, de no conceder licencia, habría que devolverle el dinero. ?Ese dinero sigue en un cajón?, apuntó el portavoz de IU Salamanca y abogado de la formación, Gorka Esparza, además de poner de manifiesto que en el capítulo 6 del presupuesto municipal de Santa Marta de 2011 se incluían inversiones con ese dinero. Ese apartado tuvo que ser anulado tras demanda de IU. ?Es un pleito que el Ayuntamiento tiene perdido?, apostilló Esparza.
Tras la negativa del Ayuntamiento, la ley de tasas propició que los concejales de Izquierda Unida llegasen ?hasta donde sus recursos les permitían? en las denuncias sobre los dos terrenos ya vendidos. ?Por eso no hay recurso judicial?, puntualizó Esparza. En el caso de las otras seis parcelas, sí se pudo paralizar la venta porque, tras las reclamaciones de IU ?se produjo silencio administrativo?.
En opinión de Izquierda Unida, el caso es ?una demostración de los finos hilos que unen al PP y su entorno?.
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