La aprobación de este decreto por el Consejo de Gobierno simplifica el funcionamiento de distintos instrumentos de participación en el ámbito económico mediante la supresión de una serie de órganos colegiados cuyas funciones van a ser asumidas por otros órganos existentes, adaptándose a la propia realidad de la evolución de los ámbitos social y económico. En este sentido, se suprimen el Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo de Castilla y León, el Consejo para la internacionalización empresarial de Castilla y León, la Comisión de Artesanía de Castilla y León y sus nueve Comisiones Territoriales. La mejora de la regulación implica la fusión de distintos textos normativos y la derogación de normas que han perdido su vigencia, lo que supondrá la desaparición de 13 decretos.
El objetivo de la aprobación de este decreto es la agilización de la tramitación de asuntos sometidos a participación, reforzando la participación de la sociedad civil, mediante la racionalización y reducción de los órganos de participación y cumplir las exigencias establecidas en el Estatuto de Autonomía en cuanto a la participación social en los órganos de asesoramiento del Gobierno de la Comunidad.
El nuevo decreto establece la regulación del Consejo Regional de Economía Social de Castilla y León, que se amplia para asumir las funciones desarrolladas hasta el momento por el Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo de Castilla y León; establece una nueva regulación del Consejo Castellano y Leonés de Comercio, refundiendo en este órgano las funciones del Consejo para la Internacionalización empresarial de Castilla y León; y simplifica la composición y regulación de la Comisión Regional de Minería de Castilla y León. De la misma forma modifica el decreto que regula la artesanía en Castilla y León, simplificando la regulación del repertorio artesano de Castilla y León y suprimiendo los órganos de representación del sector artesano para agilizar su funcionamiento.
Por último se establece el funcionamiento de la utilización de medios electrónicos por los órganos colegiados, el plazo para el nombramiento de vocales y suplentes del Consejo Castellano y Leonés de Comercio y la derogación de normas que han quedado obsoletas, entre otras cuestiones. Por último, y como complemento a esta norma, quedará suprimida la Comisión de Cooperación de Consumo cuando se apruebe el Estatuto del Consumidor de Castilla y León que actualmente está en tramitación parlamentaria.
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