Un auténtico drama personal y una historia de rabia acumulada. Es la atmósfera en la que viven más de 50 familias -en su mayor parte ponferradinas aunque también de otros puntos de la comarca berciana- que depositaron buena parte de sus ahorros en dar la entrada para su piso en la última de las cuatro promociones de Parque Pirsa, en el barrio ponferradino de La Rosaleda.

No suscribían la hipoteca, sino que amortizaban parte del coste del valor total con esta entrada que era una 'señal' o arras para la reserva del piso. Después, ese capital entregado se contabilizaría para suscribir una hipoteca menor. Finalmente, el dinero que entregaron ha terminado en el limbo, y en no existir, al menos sobre el pliego de cifras de la empresa.

Los abogados de la PAH-Bierzo, acompañados por la portavoz de los afectados por esta situación, relatan para InfoBierzo cómo se fue fraguando lo que entienden fue una presunta maniobra orquestada por la promotora. "Los últimos tres bloques de todo el proyecto Parque Pirsa salieron a la venta y se construyeron. Fuimos pagando poco a poco, y algunos de golpe, un dinero mínimo para la entrada, y más gente pagó más para tener menos hipoteca", relata la portavoz de los afectados -que prefiere permanecer en el anonimato.

Además "otros, como es mi caso, compramos sobre plano e introdujimos reformas sobre el proyecto original de la constructora", lo que en total ha elevado su pérdida por encima de los 30.000 euros. En todo caso, "quien menos ha metido ahí (en la entrada del piso) han sido unos 10.000 euros. De ahí en adelante".

Todo parecía ir bien

Todo parecía ir bien "y estaban apuntito de darnos las llaves, pero los permisos de ocupación ya no se sacaron, y con los pisos casi totalmente construidos la promotora se acogió al concurso voluntario de acreedores". De la noche a la mañana, tras recibir una escueta comunicación de la promotora Pirsa, "nos encontramos con unos pisos parados, que ya no tenían empresa constructora, y con nuestro dinero que ya no existía" porque era parte de unos activos con lo que Pirsa debía hacer frente a sus acreedores.

Tal como explica la abogada de la PAH, María Teresa Vidal, "los primeros en cobrar fueron el Estado, por deudas a la Seguridad Social, y después el principal acreedor, que era el Banco Caja España-Duero, que avalaba la promoción". Así las cosas, "como la masa activa del concurso (lo que la empresa tiene), no cubría la deuda total, el banco ejecutó el embargo hipotecario de las viviendas".

Ahora la venta, por segunda vez

En ese punto la promoción fue rematada hace ya más de medio año, y posteriormente Caja España introdujo las 90 viviendas de estos tres bloques en el conocido como 'banco malo' -el depósito de activos inmobiliarios, o en sus siglas, Sareb.

Es decir, el escenario hoy es uno sin dinero de la entrada, ni piso... y ahora ven cómo la Sareb ha otorgado a varias inmobiliarias de Ponferrada el papel de agentes de venta para sacar los pisos por lo que dieron entre 10.000 y 30.000 euros de entrada, de nuevo a la búsqueda de comprador. "Los están ofreciendo y se podría decir que reservando o haciendo una hoja de interesados, porque no los pueden sacar hasta que se resuelva el concurso", que se cerrará "en pocas semanas", estiman.

"El 'banco malo', que se supone que es público, no nos da la opción de recomprarlo reconociendo lo que ya pagamos, y mucho menos nos van a devolver nada si lo venden", explica la afectada. "La Ley no puede arbitrar una solución para estos afectados porque eran créditos privilegiados, y primero se queda el banco con todo", explica la letrada Teresa Vidal.

Así las cosas, los afectados han comenzado a plantear demandas por presunta estafa contra los administradores de la extinta compañía Construcciones Parque Pirsa, dado que "contra la promotora no podemos porque no existe". Un periplo judicial que, asumen "no nos llevará seguramente a ningún lado".

Plantearon la ocupación

Hace sólo unas pocas semanas algunos de los afectados tomaron la determinación de ocupar lo que consideran sus pisos, por los que han pagado entre 10.000 y 30.000 euros. En todo caso, tras inspeccionar la forma de acceder a los bloques, la propietaria de los mismos -los bancos-, han contratado un servicio de seguridad privada.  Ya saben aquello... de que los bancos aseguran y vigilan la inversión, aunque desde luego no la de este medio centenar de familias que han sufrido las crisis inmobiliaria a golpe de ladrillo que tapia en muchos casos sus posibilidades de contar con un hogar en un futuro a medio o incluso lejano plazo.

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