La Junta de Castilla y León tiene la voluntad de seguir prestando el servicio de transporte no urgente a los pacientes que tienen que desplazarse para recibir un tratamiento oncológico o que deben recibir diálisis, según explicó el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. Por ello, confió en que el Ejecutivo tenga “capacidad” para mantenerlo, pese a que sea considerado como una prestación de la cartera de servicios accesorios.
En ese sentido, Sáez Aguado explicó en ‘Los desayunos de Ical’ que este servicio de transporte no es una prestación sanitaria “estrictamente” por lo que defendió que en las capitales de provincia no se ofrezca o que el usuario tenga que abonar una parte ya que supone un desembolso anual de 37 millones de euros. No obstante, insistió en que determinados pacientes tendrán un tratamiento especial, aunque de momento su departamento está a la espera de ver cómo concreta el Ministerio de Sanidad su prestación por parte de las autonomías, después de la aprobación del Real Decreto Ley de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
El consejero se refirió también a las otroprótesis (muletas, sillas de ruedas, andadores), que formarán parte de la cartera de servicios accesorios. Sostuvo que “en realidad no son una prestación sanitaria”, y remarcó que el gasto de este tipo de productos supone para las arcas de la Comunidad Autónoma un desembolso de 5,8 millones de euros ya que cada año se registran unas 18.500 solicitudes para que la Administración abone a los ciudadanos su coste, de ellas 3.800 son sillas de ruedas.
Respecto a las prótesis que se implantan, el consejero avanzó que la centralización de las compras de estos productos aportará importantes ahorros a Sacyl. Explicó que hasta ahora se está utilizando una diversidad de productos por parte de los hospitales, por lo que se está trabajando para fijar un catálogo común para todos los centros que defina las que deben utilizarse con criterios científicos y de coste/eficiencia. En conjunto, estas compras, hasta ahora individualizadas, suponen para la Junta un coste de unos 40 millones de euros. Por tanto, en este ámbito, el consejero planteó una medida de intervención similar a la plataforma de compra centralizada de medicamentos que se pondrá en marcha para el conjunto del sistema sanitario.
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