El portavoz de los opositores, Javier Fernández, no dudó en reconocer tras la aprobación que se trata de “una victoria”, al entender que “tras más de dos años se nos da la razón”. Ahora, los afectados piden que “se materialice cuanto antes el acuerdo y podamos ver hechos”. Un nutrido grupo de opositores y bomberos han acudido a la sesión plenaria para ser testigos de la aprobación medida.
Pero pese al unánime voto de los tres grupos políticos con representación en el Pleno, PP, PSOE y UPL, la votación no ha estado exenta de reproches entre unos y otros. Así, el portavoz institucional, José María López Benito, ha cargado contra la “chapuza” del proceso iniciado por el anterior equipo de Gobierno, al tiempo que ha recordado que el PP se ha limitado a “cumplir con la resolución judicial” tras tomar las decisiones derivadas de los informes técnicos. “No ha sido un capricho del equipo de Gobierno”, aseguró.
Por su parte, la edil socialista Natalia Rodríguez Picallo, anterior responsable municipal de Bomberos en la era de Francisco Fernández e iniciadora de la polémica oposición, ha recordado que las decisiones que fueron objeto de recurso “son las del PP y no las del equipo PSOE-UPL”. No obstante, se ha felicitado por la luz verde definitiva a las plazas: “León se merece un servicio de Bomberos suficientemente dotado”.También el portavoz de UPL, Javier Chamorro, ha reprochado al PP la “ilegalidad” de su actuación anulando la prueba.
Dos acusaciones que han tenido inmediata réplica por parte de López Benito: “Podían haber tenido el mismo respeto que muestran hoy a los opositores desde el principio”. El portavoz popular ha recordado, además, oscuros episodios vividos en el servicio de Bomberos bajo en mando de Rodríguez Picallo, como el hecho que los camiones circularan sin seguro o que la plantilla se hubiera convertido en un “polvorín”. “La chapuza de las oposiciones no fue un hecho aislado”, aseguró.
Nuevo crédito
El otro punto destacado de la sesión de este martes fue la aprobación (con los votos a favor de PP, el contra del PSOE y la abstención de UPL) de una nueva operación de crédito por un valor máximo de 1,3 millones de euros que se realizará con el Banco Popular a través del ICO.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Antonio Díez, mostró sus dudas sobre la idoneidad de la operación y censuró que en las condiciones se vuelva a los términos de antes de la reunión con Hacienda, es decir, a un plazo de amortización de 10 años en lugar de 20, entre otros aspectos como los intereses. En su opinión, se generará “un daño catastrófico (para la ciudad) hasta 2036″.
Javier Chamorro también pidió explicaciones por las condiciones del préstamo, aunque finalmente la mayoría popular (pese a la ausencia de Isabel Carrasco) fue suficiente para aprobar la medida.
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