El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado que la prisión permanente revisable, a la que el Partido Popular se comprometió en su programa electoral, se aplicará exclusivamente”a los delitos de terrorismo. Y ha añadido que se endurecerá el Código Penal para los delitos de agresión sexual contra menores. Gallardón ha explicado que la prisión permanente revisable se trata de “un mecanismo excepcional que solamente debe ser aplicado en aquellos casos en que la sociedad considera que no hay años bastantes, si no se produce la reinserción social, para que una persona recupere la libertad, como consecuencia de la gravedad de los delitos cometidos”.
Tras recordar que está vigente en países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido y Dinamarca, el ministro ha señalado que esta pena tiene que tener una finalidad de reinserción social. Ha explicado que su aplicación supone que “la libertad se recupere no por el trascurso matemático de un número de años de cumplimiento de la pena, sino cuando se acredite que esa reinserción se ha producido como consecuencia de la evaluación de la propia conducta del reo”. Las revisiones se realizarán en el momento que fije la sentencia como de cumplimiento mínimo. Precisamente, para determinar esa reinserción es por lo que sólo se aplicará a los delitos de terrorismo. Sólo en su caso “se puede acreditar si efectivamente ha habido una decisión firme de abandono de esa actividad terrorista y, por lo tanto, de un cumplimiento de reinserción”, ha señalado el ministro.
Aplicarla en otros delitos que producen la repulsa de la sociedad, como los delitos de agresión sexual contra menores, presenta la enorme dificultad de “evaluar la probabilidad de que la persona condenada cometiese o no nuevos hechos criminales y haría muy difícil la certificación de que la persona que ha cometido ese delito no lo iba a volver a cometer después”. No obstante, el ministro ha insistido en que estos delitos también verán sus penas endurecidas en la reforma del Código Penal que se remitirá al Congreso antes del verano, y que comenzará su tramitación parlamentaria en otoño.
Derecho de manifestación
El ministro de Justicia ha asegurado que “el Gobierno jamás se va a alejar de la defensa, con rotundidad y con convicción, de un derecho constitucional como es el de manifestación”. Ha añadido que quien ataca el derecho de manifestación son las personas que se infiltran en protestas legítimas desde una estructura organizada y cometen agresiones contra personas y contra bienes públicos y privados.
Ruiz-Gallardón ha negado que se esté estudiando “limitar en modo alguno el derecho de manifestación, ni penalizar a sus convocantes, al margen de cuál sea el resultado final”. “Cuando estructuras organizadas, cuyo objetivo es esconderse dentro del legítimo derecho de manifestación para realizar auténticos atentados callejeros, tiene que actuar el Código Penal, y no sólo por vía del endurecimiento de penas, sino también mediante las modificaciones procesales necesarias para que estas personas cuando son identificadas y detenidas por la policía y puestas a disposición judicial no tengan un beneficio como consecuencia de la acusación que se les formule que suponga su inmediata puesta en libertad”.
Ley del Jurado
El ministro ha anunciado también que se modificará la Ley del Jurado para contribuir a corregir algunos defectos de funcionamiento. A su juicio, la ley ha tenido aspectos muy positivos, incluso para el funcionamiento normal del orden penal, porque ha contribuido a que no sea el atestado policial ni la instrucción sumarial, sino lo que se acredite de verdad en el juicio, lo que determine el reproche penal que el Estado a través del poder judicial realice a un ciudadano.
Ruiz-Gallardón, además, ha lamentado que este año no vayan a convocarse plazas de jueces y fiscales, decisión que dijo había sido adoptada “con todo el dolor de corazón” como consecuencia de la gravedad de la crisis económica que padecemos.
Tienes que iniciar sesión para ver los comentarios