Tanto la Junta de Castilla y León como distintos ayuntamientos, como el de Palencia o el de Candeleda -fue el segundo con una sentencia de este tipo en Castilla y León-, han recibido decisiones judiciales en contra para que paguen el devengo de la paga hasta la fecha en que el Gobierno suprimió la extra. Tras el caso de Candeleda, FSP-UGT anunció que presentaría recursos en todos los ayuntamientos de la provincia para reclamar la parte de la paga.
“Del mismo modo que se habilitó un sistema de anticipo reintegrable para paliar los efectos de la extra de 2012, se arbitrarán los mecanismos necesarios, en función de la decisión gubernamental, para que no tengamos una situación ni de falta de liquidez, ni de falta de cobro de esas extras”, ha explicado.
En 2015 “se arbitrarán las medidas pertinentes para que aquellos funcionarios que no cobraron en 2012 cobren la paga que se les debe, y aquellos que la anticiparon sigan con la misma secuencia de las dos pagas extra”.
Caso singular
Y es que, como ha resaltado Hernández, el caso del Consistorio abulense es “absolutamente singular”, ya que fue “de los primeros de España” en aprobar un sistema de anticipo reintegrable para que los empleados que quisieran, el 80 por ciento, recibieran un adelanto de la extra siguiente.
Por eso considera que “un número importante de empleados públicos no tiene la sensación de haber perdido ninguna paga extra, simplemente ha habido un decalaje días entre la paga que no se cobraba en diciembre de 2012 y sin embargo sí en los primeros días de 2013”.
Aunque sí, ha reconocido, “puede tener cierto sentido” para los funcionarios que no solicitaron el anticipo reintegrable, que fueron el 20 por ciento.
La medida del adelanto fue una actuación “diligente”, ha señalado, porque se anticiparon unas pagas que “se están cobrando puntualmente, por lo tanto no es un dinero que se cobraría a mayores”, ya que genera la “necesidad de calcular lo que el Ayuntamiento le debe al funcionario y al revés”, en unas cuentas que está previsto queden saldadas en el año 2015, por lo que “hasta entonces la situación está absolutamente controlada ara la mayor parte de los funcionarios”.
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