La certificación de eficiencia energética es un procedimiento oficial que califica energéticamente un inmueble calculando tanto el consumo anual de energía necesario para cubrir su demanda en condiciones normales de ocupación y funcionamiento, como las emisiones de dióxido de carbono asociadas. Su tramitación está regulada en el RD 235/2013 de 13 de abril.
La normativa precisa que el certificado debe incluir valores de referencia y requisitos mínimos con el fin de que los propietarios o arrendatarios de una vivienda puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. De esta forma, se avanza hacia el objetivo de la Unión Europea de conseguir edificios con un consumo energético casi nulo en 2020, recogido con carácter imperativo en la Directiva 2010/31/UE.
El Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de Castilla y León empezó a funcionar en enero de 2012, cuando esta etiqueta sólo era obligatoria para nuevas construcciones, y en mayo de 2013 se modificó el procedimiento de inscripción para adaptarlo a los nuevos preceptos legales, modificando la aplicación informática CEREN para la tramitación telemática de los certificados, tanto para obras nuevas como para los relativos a edificios ya existentes, siendo posible su expedición, modificación, actualización, renovación y anulación por internet.
En 2012, sólo existían seis inmuebles en el Registro autonómico, una cifra muy baja que se explica tanto por el desconocimiento de la obligatoriedad de la inscripción de estos certificados como por el hecho de que este trámite sólo fuera obligatorio para la obra nueva en un ejercicio de crisis de la actividad inmobiliaria y de construcción. En la provincia de Salamanca, en la actualidad, son ya más de 12.200.
Una doble escala de calificación de la eficiencia
El certificado de eficiencia energética otorga una doble calificación energética a cada inmueble, que se mide en función de su consumo y de sus emisiones de dióxido de carbono a través de una escala que va de la A a la G, siendo A un indicador de máxima eficiencia (menor consumo y menores emisiones) y G, de mínima.
Si se atiende al uso residencial, más del 53% de las viviendas certificadas han obtenido una calificación E, la más repetida; un 17%, la D, que es el valor medio de la escala; en un 23% de los casos, la etiqueta marca los peores resultados con F o G; y únicamente el 6% de los edificios residenciales certificados acreditan la excelencia energética (A, B y C). Respecto a los de uso terciario, aproximadamente la mitad presentan una calificación E, F o G.
Estos datos demuestran el importante potencial que existe en materia de rehabilitación de inmuebles, para obras de reforma o incorporación de medidas que aumenten su eficiencia energética. La propia Administración autonómica está promoviendo la calificación energética de su patrimonio y ha certificado ya cerca de 700 edificios propiedad de la Junta.
El Registro de Certificaciones Energéticas de Castilla y León está gestionado por la Dirección General de Energía y Minas y el Ente Regional de la Energía (EREN). Sus técnicos informan sobre los certificados presentados y asisten a los usuarios en la utilización de la aplicación telemática. Son numerosas y constantes las consultas que se atienden diariamente, prueba de la cada vez mayor aceptación social de la certificación por parte de los usuarios.
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