El Grupo Parlamentario de Podemos en las Cortes de Castilla y León ha presentado una Proposición No de Ley para instar a la Junta de Castilla y León a establecer una comisión mixta formada por expertos y grupos parlamentarios que estudien el cumplimiento del contrato por parte de las empresas con las que se ha concertado el servicio de Prestaciones de Terapia Respiratoria Domiciliaria y Otras Técnicas de Ventilación Asistida. El análisis permitirá conocer los criterios de calidad y los criterios económicos, pudiendo hacerse extensivo este control al contrato del anterior periodo (2004-2014).
La propuesta, firmada por la procuradora salmantina Isabel Muñoz, inicia el proceso para investigar y conocer el cumplimiento que del contrato han hecho las empresas adjudicatarias del servicio en las diferentes provincias. Algunas de las empresas adjudicatarias de la gestión del servicio público de las Prestaciones de Terapia Respiratoria Domiciliaria y Otras Técnicas de Ventilación Asistida en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla y León (Expte: 146/2014) ya venían prestando el servicio en provincias como Salamanca, Soria, Zamora o Valladolid y contaban con una plantilla de trabajadores.
Explica Podemos que esos recursos humanos debidamente formados y en número suficiente, precisamente, iban a ser enriquecidos según el Pliego de Prescripciones Técnicas ?para mantener los mínimos de calidad exigidos en los pliegos, para la adecuada prestación del servicio y atención domiciliaria?. Contando como mínimo, para la gestión del servicio, ?con un profesional sanitario a jornada completa, enfermero y/o fisioterapeuta, por cada 500 pacientes o fracción del lote al que licite?. Todas las empresas que optaban lograron la máxima calificación al incrementar el número de enfermeros y/o fisioterapeutas exigidos.
El servicio en Salamanca
Relata Isabel Muñoz que el Grupo Gasmedi espera hasta el mes de septiembre del año 2015 para contratar a cinco trabajadores con titulación de fisioterapia y/o enfermería. El 1 de octubre de 2015, un mes más tarde, y aun no cumpliendo con los compromisos que fija el contrato, despide a todos los auxiliares de enfermería que tenía contratados en las provincias de Salamanca (4), Soria (3) y Zamora (2).
Todos los trabajadores despedidos recurren el despido porque la empresa alegó que no tenían la titulación que le exige el concurso, lo que es falso y la lleva a pagar la improcedencia de dicho despido. Una de las trabajadoras lleva el asunto hasta los tribunales reconociéndose la nulidad del despido en la Sentencia 282/2015 del Juzgado de lo Social número 2 de Salamanca: la empresa es condenada por Vulneración de los Derechos Fundamentales de los trabajadores. En dicha sentencia aparece que, el 3 de diciembre de 2015, cuatro meses después de iniciarse la gestión, la empresa solamente contaba con seis trabajadores con la titulación de enfermería o fisioterapia, el 50% de los exigidos.
El Grupo Parlamentario de Podemos de las Cortes de Castilla y León entiende que la Junta de Castilla y León está pagando por un servicio que, según el contrato, no se está cumpliendo. Mientras, en otros lugares de esta Comunidad Autónoma, no se contratan los servicios que prestan esas empresas de terapias respiratorias por falta de dinero. Situación que lleva a que un niño de Tordesillas no pueda ir al colegio por falta de un asistente sanitario que controle su saturación de oxígeno y otros problemas derivados de la enfermedad que padece.
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