El primero de los puntos sugeridos se refiere a la elaboración de una Memoria Económica que permita “concluir que el nuevo modelo de reparto de competencias en el ámbito local es más eficaz que el anterior y que otras alternativas”. En este sentido se indica que la propuesta debe ir acompañada del correspondiente estudio económico que, con criterios objetivos y cuantificados, determine la idoneidad del modelo en base a una ejecución más satisfactoria de las competencias unida a una menor asignación de los recursos necesarios para su desarrollo.
La segunda sugerencia propuesta alude a la Voluntariedad y flexibilidad del modelo, pues desde la Diputación de Salamanca se considera que “la asociación voluntaria de municipios puede ser un instrumento eficaz de prestación de servicios, pero esa voluntariedad debe surgir de los propios municipios. Es seguro que habrá municipios que no quieran asociarse. Ello no debe suponer que queden fuera de los programas de cooperación, inversiones o subvenciones que pudieran impulsarse desde las administraciones provincial, regional o nacional”.
En este sentido se recuerda que “los municipios ya han asumido la necesidad de unirse voluntariamente para la prestación de ciertos servicios a través de las Mancomunidades. Por ello, muchos ayuntamientos ven más como una amenaza que como algo propio la creación de nuevas estructuras administrativas intermedias y verían con buenos ojos el desarrollo y mejora del actual modelo de Mancomunidades”.
Desaparición de ningún municipio
De igual modo, la tercera anotación que se indica va dirigida a que el nuevo modelo no puede suponer la desaparición de ningún municipio ni entidad local, a la vez que, como cuarta sugerencia se apuesta por la simultaneidad del modelo de Ordenación del Territorio con un nuevo sistema de financiación, en el que se recuerda que sería razonable reforzar el ámbito competencial de una administración, en este caso las diputaciones, definiendo previamente cómo se van a financiar estas nuevas competencias.
Como quinta aportación a la propuesta de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca apuesta por la compatibilidad con el modelo de Administración Local que está elaborando el Gobierno de España, a través del Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo primer informe fue visto por el Consejo de Ministros el pasado 13 de julio y una vez sea aprobado y entre en vigor como ley, modificará las Bases del Régimen Local.
Finalmente, el documento consensuado por los grupos políticos en la institución provincial salmantina consideran que es necesario cambios legislativos para con los funcionarios con habilitación nacional, encaminados a “conseguir preservar su independencia y favorecer su propia profesionalidad, una cierta homogeneidad en las retribuciones que cobran y un mayor reciclaje y formación”.
Reunión de presidentes provinciales del PP
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