El principal objetivo de la campaña es comprobar que los usuarios de los servicios de bronceado pueden utilizarlos con seguridad y con la certeza de que se cumplen las exigencias dispuestas por la normativa en vigor en materia de defensa de los consumidores y usuarios que se aplica a estos establecimientos.
La Inspección de Consumo comprueba que los centros informan, de acuerdo con la ley, de los riesgos y las precauciones que deben tomar los usuarios, así como que los establecimientos disponen de personal destinado a aplicar los aparatos de rayos UV al público y vigilan la adecuada aplicación de los mismos, facilitando a los clientes una ficha personalizada de utilización del aparato con recomendaciones específicas y número y tipo de sesiones totales recibidas.
Otro de los aspectos que controlan es la disposición de gafas adecuadas para la protección de los ojos durante las sesiones, tanto para los clientes como para el propio personal.
Los aparatos de bronceado que utilizan luz ultravioleta deben pasar al menos una revisión técnica anual, que tiene que estar expuesta al público y que debe acreditarse con documentación ante la Inspección de Consumo.
La inspección comprueba que toda la publicidad sobre los efectos de los aparatos de bronceado sea la reglamentaria y exponga los perjuicios que producen los aparatos de rayos UV, además tiene que estar exenta de publicidad con referencias a efectos curativos, preventivos o beneficiosos para la salud y de alusiones a la ausencia de riesgo.
Por último, la inspección constata que están anunciados correctamente, de forma permanente y al menos en castellano todos los precios del servicio de bronceado, que existen hojas de reclamaciones reglamentarias y que el establecimiento entrega justificante de pago a los consumidores.
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