Como apicultor trashumante, Jorge Navarro trasladó sus casi 700 colmenas a una finca privada de la localidad zamorana de San Vitero tras pasar una temporada en Portugal, país al que las abejas vuelven en septiembre. No era la primera vez que lo hacía. De hecho, la persona que le vendió la explotación apícola llevaba dos décadas llevando a sus abejas al mismo sitio merced a un acuerdo de arrendamiento con el propietario de los terrenos.
Al llegar este año, sin embargo, se topó por sorpresa con una ordenanza municipal que prohíbe a apicultores foráneos asentarse en ese término municipal de la provincia vecina ?debido a la presión de 4 o 5 apicultores locales?. Tras dos avisos del alcalde para que quitara sus colmenas -?algo que no se puede hacer de un día para otro?-, Navarro descubrió lo que califica de ?barbaridad?. 520 de sus colmenas había sido tapadas por lo que millones de abejas han encontrado la muerte, y con ella el medio de vida de este joven salmantino que cumple su séptimo año en el sector y al que todavía le cuesta dar crédito a lo sucedido.
Se calcula que las pérdidas pueden rondar los 100.000 euros entre el valor de las abejas y la producción perdida por lo que el futuro para Jorge Navarro se antoja ?muy complicado?. Sus padres le echan una mano estos días en lo económico ?pero los gastos van a ser temendos?, asegura pensando en la desinfección de la explotación y el coste de comprar nuevos colmenares ante la previsión de que las abejas no produzcan como antes.
Para Navarro, que está recibiendo multitud de apoyos, los últimos desde Asaja y la Asociación Profesional de Apicultores Salmantinos, resulta aún más desconcertante la acusación deslizada desde Zamora de que podría haber sido él mismo el causante de la muerte de sus propias abejas. ?Quien piense o diga eso o tiene algo que callar o no puede dormir por la noche?, apunta el joven que, pese al revés, se muestra dispuesto a luchar para defender su patrimonio.
Primero denunció lo sucedido ante la Guardia Civil y en las últimas horas ha enviado una carta al Defensor del Pueblo para que se pronuncie al respecto. A juicio de Navarro no tiene sentido que mientras la Junta de Castilla y León prima con subvenciones la trashumancia, exigiendo a los apicultores de la Comunidad que sus abejas polinicen territorio castellano y leonés durante un mínimo de cinco meses, la normativa de un Ayuntamiento vaya contra esa prerrogativa. Navarro va más allá y acusa a ciertos consistorios zamoranos de dar pie a un ?mercadeo intolerable en el que llegan a pedirte entre cuatro y diez euros por colmena asentada en una finca privada de su municipio?, una práctica absolutamente ilegal y más cuando los colmenares no ocupan montes públicos, justo lo que sucede en este caso. ?Este año me ha pasado a mí pero el año que viene se la pueden hacer a otro?, reflexiona el joven apicultor charro preocupado no solo por perder 25 millones de ejemplares sino también por el destino de su negocio en el futuro teniendo en cuenta que, como han demostrado los hechos, en San Vitero no se le quiere.
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