El proyecto de Ley revisa las tasas judiciales actualmente vigentes, aplicándolas por primera vez a las personas físicas y ampliándose sustancialmente los hechos imponibles y prevé una abusiva subida de la cuantía de estas tasas, lo que limitará, dificultará y, en muchos casos, impedirá de forma manifiesta el acceso de los ciudadanos a la tutela judicial de sus intereses, dejando a la Justicia al alcance de unos pocos. Una de las consecuencias directas será el alto coste de las tasas para impugnar sentencias. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2011 se revocaron el 36% de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Mercantil. Actualmente, con el nuevo sistema, además de asumir dichos costes habría que añadir la suma de 800 euros más el diferencial correspondiente. Esto, sobre todo, afectará a asuntos de no gran envergadura, es decir, a aquellos que afectan a las clases medias y más desfavorecidas de la sociedad al resultar inviable económicamente instar una apelación, teniendo en cuenta, además, que todos los ciudadanos no pueden disponer del inmediato pago de dicho importe.
Los portavoces que atendieron a los medios de comunicación, leyeron un manifiesto en el que mostraron su rechazo a la futura Ley de Tasas. "Esta convocatoria no es más que un acto simbólico frente a una ley que consideramos injusta. El objetivo es dar visibilidad a esta ley que, entre otras cosas, está pasando de puntillas teniendo una trascendencia importante". "No nos mueve ningún interés político. La justicia es un derecho que tenemos que mantener y defender y estamos de su lado". "El proyecto de Ley de tasas nos afecta directamente, no solo a nuestra carga de trabajo, sino como ciudadanos". "Afecta a la tutela judicial efectiva". "Estamos para decidir qué tipo de justicia queremos: una real y efectiva; o, por el contrario, una quimérica o nominal".
Las consecuencias directamentas directas para el ciudadano repercuten "en el inicio de una andadura judicial en cualquiera de sus formas, para la cual, es necesaria la aportación de un dinero que, en principio no va a ser devuelto". También, "en el acceso a la Justicia paradefender los derechos e intereses legítimos". En ejemplos más prácticos, "para reclamar el pago de una deuda de 1.000 euros se deberá abonar una tasa de 105 euros". "Para recurrir ante los Tribunales cualquier actuación de la administración se deberá abonar una tasa mínima de entre 200 y 350 euros, según el tipo de proceso". Por último, "para recurrir una sentencia se deberá abonar una tasa mínima de entre 500 y 1.200 euros, según el tipo de recurso y del orden jurisdiccional".
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