La Junta de Castilla y León estudiará el decreto ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda aprobado por el Gobierno andaluz, en el que figura la expropiación temporal a los bancos del uso de viviendas vacías para evitar los desahucios, pero considera que la respuesta y la búsqueda de una solución debe ser nacional.
“Ni se rechaza de plano ni se acoge”, afirmó el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez. Sin entrar en la valoración legal, apoyó que se busque una solución para un “asunto complicado y complejo” y resaltó que “no es sensato” que las personas pierdan su vivienda y a la vez haya casas vacías. El consejero valoró que se abra ese debate, de cómo conjugar la existencia de viviendas vacías con la salida de personas de sus casas por no poder pagar las hipotecas, aunque tampoco se decantó en si debe existir un alquiler social.
Dejó la respuesta de la solución al Gobierno y al Congreso, donde se debate la reforma de la ley hipotecaria y la Iniciativa Legislativa Popular y pidió esperar a conocer el trabajo que se desarrolla en la Cámara Alta por parte de los grupos políticos. De Santiago-Juárez recordó, no obstante, que el 90 por ciento de los desahucios proceden de la última etapa del Gobierno del PSOE y que la única solución aportada fue agilizar los procesos al crear cinco juzgados express en la etapa en que Carme Chacón era ministra de Vivienda.
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