Trabajadores del Registro Civil se manifiestan contra su privatización

Trabajadores del Registro Civil se manifiestan contra su privatización

Los trabajadores del Registro Civil se han manifestado este sábado en Madrid, con presencia salmantina, contra la privatización de este servicio. Y es que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó martes una Resolución del Ministerio por la que encomienda la gestión de los expedientes de nacionalidad de inmigrantes al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España por cuatro millones de euros. "Esta medida supone un primer adelanto económico al colectivo de registradores por la gestión de este servicio público", denuncia la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F).

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ), denuncia que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es registrador de la propiedad y mercantil de profesión, así como sus hermanos Mercedes y Enrique, una nuera y el cuñado del ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. "La privatización de los Registros Civiles en España y que la misma sea liderada por esta saga familiar, como mínimo, huele muy mal".

Explica que "todos los españoles deberemos pagar por múltiples gestiones que siempre han sido gratuitas. Una desfachatez. Este el último PP-lotazo, heredar el registro civil transformándolo en un negocio. Según la previsión del Gobierno el próximo mes de Julio de 2015 el Registro Civil será privatizado y entregado a manos de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles. Desde el 1 de enero de 1871, año en que se constituyó, el Registro Civil ha sido público y gratuito en todos sus trámites y perteneciente a la Administración de Justicia. Todos los ciudadanos que vivimos en España hemos de inscribirnos en este Registro, por el hecho de vivir o morir, por casarnos o divorciarnos y otros múltiples tramites, hasta ahora gratuitos".

Todo ello tras la digitalización de los Registros Civiles, con un gasto de más de 130 millones de euros "a costa de todos los españoles en plena crisis", y la modernización de las instalaciones y bases de datos, "el Gobierno liquida un servicio esencial, público y gratuito durante 145 de historia. Son ahora los ciudadanos los que deben asumir el coste de las actuaciones que siempre han sido sufragadas con sus impuestos y que en adelante pasan a ser de pago. Incluso el Gobierno maneja la opción, aunque no lo reconozca abiertamente, de establecer nuevos trámites, inútiles y superfluos, pero que llenarán las ya abultadas carteras de los Registradores y del clan Rajoy".

 

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