ANPE Castilla y León ya denunció, tras la publicación de la ORDEN EDU/491/2012, de 27 de junio, que la aplicación de esta normativa tendría serias consecuencias sobre la calidad de la Educación de nuestra Comunidad autónoma. Es por ello que consideramos acertada la rectificación del máximo responsable del Gobierno regional.
Desde ANPE lamentan "que hayan tenido que ser los padres y los alumnos de estos centros los que hayan hecho cambiar de opinión a los responsables políticos y sin embargo, nuestros representantes, hayan hecho oído sordos a los argumentos esgrimidos por las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Educación, foro legítimo para dirimir estos asuntos". "Entendemos que esta medida es positiva para el contexto social y familiar de las zonas rurales de Castilla y León pero también lo es, del mismo modo, para los docentes, que podrán mantener su puesto de trabajo en los centros donde impartían docencia hasta este momento".
Por ello exigen "que el presidente de la Junta de Castilla y León mantenga estos compromisos y permita que las negociaciones de los representantes sindicales sean valoradas adecuadamente por el Consejero de Educación en próximas reuniones".
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