El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró el pasado 27 de febrero de 2014 la ilegalidad del “céntimo sanitario” que aplican las comunidades autónomas al considerar que el impuesto incumplía con la normativa europea en materia de fiscalidad, en concreto en lo relativo a la directiva sobre Impuestos Especiales. De la sentencia se desprende, que las diferentes Administraciones estatales y comunitarias no obraron de "de buena fe" al desoír varios dictámenes anteriores en los que se advertía de la ilegalidad de este tributo. Sin embargo, se mantuvo este impuesto en vigor durante más de diez años y aunque la sentencia tiene carácter retroactivo, ciudadanos, empresas e instituciones públicas solo podrán reclamar lo recaudado ilegalmente entre 2010 y 2012 al haber prescrito las cantidades de años anteriores.
De acuerdo a esta sentencia, los concejales de Unión Progreso y Democracia en los Ayuntamientos de Cabrerizos, Carbajosa de la Sagrada, Santa Marta de Tormes y Villamayor, han presentado mociones en cada uno de sus municipios, para que se cuantifique, a través de las facturas de combustible, la cantidad de dinero público que ha pagado cada uno de estos consistorios en concepto de “céntimo sanitario” por el abastecimiento de todos los vehículos del ayuntamiento (seguridad, mantenimiento, limpieza) colegios y centros públicos y cualesquiera bienes patrimoniales municipales que hayan sido objeto de repostaje de combustible, mientras se mantuvo en vigor el impuesto, y que se reclame su devolución tanto al Ministerio de Hacienda como a la Junta de Castilla y León.
Las mociones presentadas también proponen que los ayuntamientos a través de las oficinas municipales de atención al consumidor, si existen, o a través de las concejalías delegadas de consumo, se difunda y asesore entre los vecinos y empresas del municipio, los pasos a seguir para la devolución por vía administrativa de los importes indebidamente recaudados y se facilite la tramitación de dichas reclamaciones.
UPyD muestra su preocupación por la irresponsabilidad de los gobiernos de las 13 autonomías que han aplicado una medida, con impuestos que oscilan entre 1,2 y 4,8 céntimos por litro de carburante, “que desde el primer momento arrojaba dudas sobre su legalidad” y que hace casi imposible su devolución para los consumidores finales. La sentencia del TJUE deja a las claras que las instituciones españolas recaudaron ilegalmente 13.000 millones de euros entre 2002 y 2011. Resultaría deseable que la decisión comunitaria sobre el céntimo sanitario se ejecutara por parte del gobierno español con similar celeridad con la que se aplican otras medidas propuestas por las autoridades comunitarias. Sin embargo, a día de hoy se sigue sin saber cómo aplicará el Ejecutivo la sentencia del TJUE para garantizar una devolución ágil y responsable de los 13.000 millones de euros cobrados por este concepto.
UPyD exige además la inmediata derogación de los casi cinco céntimos sanitarios por parte de la Junta de Castilla y León, tras el dictamen en contra del TJUE, como ya había solicitado en octubre del pasado cuando se hicieron públicas las valoraciones del abogado general del TJUE, al considerar que con este impuesto se ha fomentado la desigualdad entre las autonomías, se ha reducido la competitividad de las empresas castellanoleonesas y penalizado al consumo en la región. UPyD recuerda que nuestra formación política critica esta medida desde su aprobación en 2012 en Castilla y León y, aunque sólo se haya aplicado de forma irregular durante menos de un año, “el daño que se ha hecho a las empresas y a los ciudadanos de la región es enorme”.
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