La sede del Partido Popular de Salamanca ha acogido un encuentro entre los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Salamanca y diferentes cargos del PP salmantino representantes en instituciones públicas como el Congreso de los Diputados, el Senado y el Ayuntamiento de la ciudad. Entre ellos se dieron cita la diputada María Jesús Moro, el senador José Muñoz, concejal y coordinador del PP de Salamanca, Carlos Carbayo, y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento, Cristina Klimowitz. 

La cita se ha desarrollado dentro de un clima de cordialidad. Los responsables populares han manifestado a los representantes de la PAH la preocupación y el compromiso del PP ante la situación de vulnerabilidad de las familias más afectadas por la crisis. En este sentido, declararon que "ésta es la primera vez que un gobierno legisla para frenar los desahucios y que la ley de protección a los deudores hipotecarios es un paso de gigante para proteger a decenas de miles de familias en riesgo de perder su vivienda. Explicaron también que la ley tiene un objetivo muy claro: la protección para los deudores hipotecarios, para las personas que no pueden hacer frente a su hipoteca. Según los datos manejados, estas medidas pueden llegar a proteger a más de 120.000 familias". 

El Partido Popular asegura que el Gobierno ha buscado una solución equilibrada para, por un lado, proteger a personas que se encuentran en una situación vulnerable y, por otro, garantizar que los ciudadanos que quieran puedan acceder a una vivienda en condiciones similares a las que tuvieron otros. Para el PP, con esta medida "se deja patente además una gran coherencia, algo que no pueden decir todos los grupos parlamentarios, ya que, por ejemplo, en la anterior legislatura se estudiaron en el Congreso iniciativas relacionadas con la dación en pago y el PSOE no las apoyó, algo que sí hace ahora en la oposición. Por eso, criticaron los responsables del PP, es lamentable que haya partidos políticos que traten de instrumentalizar una iniciativa y una preocupación popular". 

Medidas para la protección a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social

En la reunión celebrada en la sede provincial se recordaron las medidas puestas en marcha por el Gobierno para la protección a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión social, como la suspensión de lanzamientos durante dos años desde la entrada en vigor de esta ley para casos de especial vulnerabilidad social y circunstancias económicas adversas. Es decir:

- Para supuestos de especial vulnerabilidad como familia numerosa; unidad monoparental con dos hijos; unidad familiar con menor de tres años; con miembro con discapacidad, dependencia o enfermedades graves; deudor hipotecario en desempleo; o  cuando exista algún miembro víctima de violencia de género. 
- Para situaciones de empeoramiento sustancial de las circunstancias económicas: la carga hipotecaria sobre la renta familiar se debe haber multiplicado por 1,5 veces y la cuota hipotecaria debe ser superior al 50 por ciento de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. 
- Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, salvo que haya un discapacitado o dependiente en la unidad familiar caso en el que el límite se amplía hasta cuatro veces el IPREM, e incluso hasta cinco veces para los casos más graves. 
 
Igualmente, se recordó que con estas nuevas medidas se crea un nivel de protección adicional para quienes, cumpliendo los requisitos de suspensión de los lanzamientos judiciales, habiten viviendas por debajo de ciertos límites de precio. 
- Las entidades financieras tendrán la obligación de reestructurar la deuda hipotecaria. 
- En caso de que las medidas de reestructuración no sean viables, se podrá admitir la dación en pago de la vivienda habitual. 
- Se permitirá al deudor permanecer durante dos años en la vivienda como arrendatario. 
 
Medidas para la mejora del mercado hipotecario

Por otra parte, los responsables populares dieron cuenta de las medidas puestas en marcha para la mejora del mercado hipotecario, tales como:

- La ampliación a tres meses el plazo de impago de la hipoteca para que se ponga en marcha la ejecución. 
- Limitación de los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero. 
- Se faculta al juez para detener el proceso de ejecución por la existencia de cláusulas abusivas en la hipoteca (cumpliendo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea). 
- Se establece que el valor de tasación para la subasta no pueda ser menor del 75 por ciento del valor de tasación en la escritura. Se incrementa hasta el 70 por ciento el porcentaje de deuda que cancela la adjudicación. 
- No se permite la capitalización de intereses: los intereses de la deuda pendiente tras una ejecución hipotecaria no devengarán intereses. 
- Se establece una quita por pronto pago para los ejecutados con deudas pendientes: descuento del 35 por ciento cuando el pago se realice dentro de los 5 años siguientes y del 20 por ciento cuando se realice en 10 años. Si en los diez años siguientes el acreedor al vender la vivienda del ejecutado obtiene una plusvalía, se reduciría la deuda por valor del 50 por ciento de dicha plusvalía. 
- Se establece un Fondo de Alquiler Social que cuenta con 6.000 viviendas disponibles a precios asequibles, entre 150 y 400 euros. 
 
Acción municipal 

Los responsables municipales por otra parte, informaron que el Consistorio salmantino cuenta con una serie de medidas para la atención a familias afectadas, como la Oficina Municipal de Información y Asesoramiento ante situaciones de insolvencia hipotecaria, que ha sido utilizado hasta la fecha por 58  familias desde el teléfono 012, de las cuales 49 han acudido a la cita, habiéndose logrado acuerdo o estando en vías de lograrse en 20 casos, encontrándose otros 11 en tramitación. 

Igualmente, anunciaron que el Ayuntamiento cuenta con un programa de realojo dirigido a personas  en situación o riesgo de exclusión social que de forma transitoria no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios, que se complementa con apoyos en distintas áreas como educación, empleo, salud, etc. En la actualidad 59 familias son adjudicatarias de viviendas en régimen de ocupación de precario. Por otra parte, el Ayuntamiento de Salamanca aprueba anualmente los Programas de Prestaciones Económicas para situaciones de Emergencia o Urgente Necesidad, así como el Programa de Ayudas Municipales para el Alquiler de Vivienda. El objetivo de ambos Programas es apoyar económicamente a las familias más vulnerables con el fin de facilitar su integración social, así como el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler

Además, el Ayuntamiento se ha adherido al convenio del Fondo Social de Vivienda subscrito entre diferentes Ministerios y Entidades Bancarias con la FEMP y la Plataforma del Tercer Sector, para promover la puesta a disposición de viviendas propiedad de las entidades de crédito para su arrendamiento a las familias que habiendo sido desalojadas de su vivienda habitual por impago de un préstamo hipotecario a partir del 1 de enero de 2008 se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad social.

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