Una propuesta es el copago por asistencia a consulta médica y urgencias, otra el copago por interrupciones del embarazo e incluso una cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas y activos. También se plantea el aumento de los porcentajes de financiación de los usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria y volver a subir la jornada de los funcionarios a 40 horas.
El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) considera inadmisible “las pretensiones de nuevos y más intensos recortes en servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación, la justicia, la atención a la dependencia… Cuando más acuciante es la necesidad de reforzar los servicios públicos como redes de solidaridad (entre generaciones, entre territorios, entre niveles de renta, entre personas sanas y enfermas), aparecen ahora nuevas propuestas -desde distintos poderes públicos- de quebrar estas redes aunque ello conlleve empeorar la situación de los colectivos más vulnerables”.
Por su parte, desde la Federación de Servicios Públicos de la Unión General del Trabajo (UGT) rechazan estas medidas, “que de confirmarse, representarían un nuevo ataque a los trabajadores y a los ciudadanos y una brecha aún mayor en el creciente problema de la desigualdad”. Desde este sindicato piden al Gobierno “que deje de lanzar eslóganes optimistas acerca de la recuperación; parece claro que ni los empleados públicos ni el conjunto de la ciudadanía vemos aún la luz al final del túnel”.
Desde la Organización Médica Colegial que preside el salmantino Juan José Rodríguez Sendín se apunta el rechazo total al copago asistencial que entienden que “no debe llevarse a cabo en ningún caso” porque lo consideran “intolerable e injusto” por lo que supone de aumento de la “desigualdad y exclusión en el cuidado de la salud” de las personas más desfavorecidas, lo que puede generar daños irreparables para sus vidas. Sobre el copago por prestaciones, “no se puede seguir agraviando a los social y sanitariamente más débiles y necesitados” y abogan por ajustarlo a un porcentaje bajo de la renta de cada ciudadano además de blindar determinados procesos y los medicamentos relacionados y fundamentales para mantener la vida.
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